Dos lógicas

La alternativa política a la que se enfrentan los partidos que han logrado representación parlamentaria y municipal en el ciclo electoral concluido el domingo se resume en mantener la lógica de bloques exacerbada durante la campaña o, por el contrario, evolucionar hacia una lógica institucional que estabilice el sistema cuando se han revalidado las amenazas sobre él. El Partido Popular se ha manifestado de inmediato en favor de la primera lógica, en la medida en que es la única que le permite compensar el severo retroceso experimentado en la totalidad de las instancias de poder renovadas por las urnas, incluida la europea, con victorias simbólicas como las del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Sin ellas, el futuro de Casado al frente del PP quedaría comprometido, y de ahí que en el plazo de pocas semanas haya pasado erráticamente de pactar con Vox en Andalucía a considerarla una fuerza de ultraderecha, antes de recabar de nuevo su apoyo en la capital.

Es también el mantenimiento de la lógica de bloques lo que ha inspirado las primeras reacciones de Ciudadanos, amparándose en una interpretación de las elecciones del domingo como una segunda vuelta de las generales que habría arrojado un prometedor balance para esta formación. Corresponde exclusivamente a su dirección, y en particular a su líder, Albert Rivera, evaluar si la estrategia seguida es la mejor para satisfacer sus expectativas. Porque, en una interpretación diferente, podría haber sido la causa de que no haya superado a un Partido Popular en sus horas más bajas. Rivera ha antepuesto durante los últimos meses la obstinada voluntad de captar los votos del bloque de la derecha a la de consolidar un espacio político propio, exactamente como hizo Pablo Iglesias desde la izquierda con los resultados finalmente a la vista.

La opción de Ciudadanos por la lógica de bloques no es algo inocuo para el sistema constitucional, puesto que, en la hipótesis más benevolente, forzaría los pactos entre el partido socialista y los independentistas que exige evitar, y en la más desfavorable conduciría a una parálisis institucional como la inducida deliberadamente por el Partido Popular en 2015 y que no dejó otra salida que una insólita repetición de las elecciones. Con el agravante de que, en este camino a ninguna parte, Ciudadanos parece decidido a no explorar alternativas a los independentistas en el Ayuntamiento de Barcelona y a normalizar la presencia de la ultraderecha en Gobiernos municipales y autónomos. Vox, sin embargo, no es un partido como los demás, sino la franquicia española de un programa político ultranacionalista, xenófobo y contrario a la democracia liberal, que está extendiéndose por la Unión bajo el patrocinio y con el apoyo de algunas autocracias.

Después de una sobresaltada legislatura como la que ahora termina, España tiene al frente cuatro años para abordar desde la estabilidad problemas largo tiempo postergados

No son desde luego credenciales que los socios de Ciudadanos en el Grupo Liberal de la Eurocámara vayan a reconocer con facilidad, en particular el presidente Emmanuel Macron, bajo cuyo mandato el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen se ha impuesto como primera fuerza de Francia. Pero tampoco el propio candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, que ya ha anunciado su abierta oposición a cualquier pacto con Vox. Valls, por otra parte, no tardará en enfrentarse al dilema de consentir un alcalde independentista o respaldar la continuidad de la actual regidora, Ada Colau, contra el criterio expresado hasta ahora por Rivera.

La lógica de bloques para gestionar los resultados del ciclo electoral cerrado el domingo debería dejar paso a la lógica institucional. De acuerdo con ella, es el partido más votado en cada caso el que tiene el derecho y la obligación de intentar conformar una mayoría en torno a un programa de gobierno para la totalidad de la legislatura. Solo en segunda instancia este derecho y esta obligación pasarían a la segunda fuerza en número de votos, después de ofrecer a los ciudadanos una explicación política de por qué no ha sido posible el acuerdo inicial. Y una explicación política no es lo mismo que autoerigirse en expendedor de títulos de constitucionalismo para pactar o no pactar. Después de una sobresaltada legislatura como la que ahora termina, España tiene por delante cuatro años para abordar desde la estabilidad problemas largo tiempo postergados.

La política europea, por último, está tan necesitada como la española de que la lógica institucional se imponga a la lógica de bloques. Contra los pronósticos iniciales, la Unión dispone de un nuevo quinquenio para retomar la vía de la integración gracias a los resultados electorales del domingo. La rotunda victoria del populista Nigel Farage en el Reino Unido puede sin duda complicar la ya de por sí endiablada gestión del Brexit. Pero hay algo en lo que Farage y sus correligionarios continentales, encabezados por el italiano Matteo Salvini y la francesa Marine Le Pen, no han reparado: asociar el debilitamiento de la Unión con la regresión de los derechos y libertades en Europa significa, en sentido contrario, que defenderlos es lo mismo que defender la Unión. La democracia británica en manos del populismo xenófobo y antieuropeo es la prueba concluyente de que ambas defensas son, en realidad, solo una, y de que el Reino Unido no será mejor si se consuma el Brexit.