Penas de hasta 10 años de cárcel para quien publique bulos en Singapur
La polémica normativa afecta también a los comentarios divulgados en redes como WhatsApp
La amenaza de los bulos es cuestión de Estado para Singapur. Hasta el punto de que la isla, tradicionalmente recelosa de la libertad de expresión, ha aprobado una controvertida ley que otorga al Gobierno el poder de decidir qué publicaciones en Internet se ciñen o no a la verdad, afectando también a los intercambios en redes encriptadas como WhatsApp.
Según la nueva ley, aprobada el 8 de mayo, los 20 ministros de la ciudad-Estado asiática ostentan el poder de emitir órdenes de eliminación de la publicación en cuestión o pedir correcciones al portal que la recoja si consideran que se trata de una “falsedad deliberada” que puede dañar el interés público. Los autores de los comentarios que estén en desacuerdo pueden apelar en los tribunales, sobre quienes pesa la decisión final de si lo publicado es o no verdad.
La normativa contempla sanciones de hasta un millón de dólares (892.000 euros, aproximadamente) para los operadores de las páginas web y las plataformas de redes sociales que no cumplan con los edictos, y penas de hasta diez años de cárcel para los individuos que publiquen “falsedades con intención maliciosa”.
“La libertad de expresión no debería verse afectada por esta ley. Estamos hablando de falsedades, trolls y bots [bulos malintencionados y mensajes difundidos por máquinas], cuentas falsas y cosas así”, aseguró el ministro de Justicia, K. Shanmugam, promotor de la medida, durante el maratoniano debate parlamentario en el que se acabó aprobando la ley. “El buen estado de una sociedad democrática depende de que los miembros de esa sociedad —añadió— estén informados, no mal informados”.
“Internet, bajo el yugo de Gobiernos autoritarios”
Pero es precisamente la degradación de las libertades democráticas a la sombra de esta ley lo que preocupa a académicos y grupos de derechos humanos. Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rigths Watch, se refirió a la jornada en la que se votó la normativa como “el día en el que la libertad de Internet en el sureste asiático quedó bajo el yugo de Gobiernos autoritarios”. Su temor es que otros países de la región —como Indonesia, Malasia y Myanmar, especialmente afectados por la divulgación de falsas informaciones en momentos delicados, como elecciones— puedan imitar a Singapur, referente por su desarrollo económico para sus vecinos en muchas áreas.
Por su parte, más de cien académicos enviaron una carta el pasado mes al ministro de Educación, Ong Ye Kung, para advertir de que la ley podría desalentar la investigación online y amenazar el puesto de Singapur como uno de los pilares mundiales de la innovación. Una inquietud compartida por las compañías tecnológicas, directamente afectadas por la medida, con el añadido de desconocer aún cómo se procederá para que redes cifradas como WhatsApp cedan en su abanderada privacidad para obedecer la ley singapurense.
Algunos activistas critican además el poder otorgado a los ministros para determinar qué es o no verdad, así como la vaguedad de la ley al referirse en términos como “falsedades deliberadas” o “el interés público”. Ese “interés público”, apunta la normativa, incluye, por ejemplo, la seguridad de Singapur, la protección de la salud pública o las relaciones “amistosas” con otros países.
Aunque el Gobierno ha especificado que la ley no se utilizará contra opiniones o críticas hacia el Ejecutivo, ciertos sectores temen que con ella la libertad de expresión se vea aún más coartada. Singapur ocupó el puesto 151, de entre 180 países, en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2018.
Además de ejercer una férrea vigilancia sobre los medios de comunicación y las editoriales locales, las autoridades singapurenses solo permiten las manifestaciones bajo autorización previa en un punto específico de la ciudad, el llamado “Speakers’ Corner” (Rincón de los Oradores). Gobernado desde su independencia de Malasia en 1965 por el Partido de Acción Popular (PAP, siglas en inglés), Singapur ha construido desde entonces un sistema basado en la apertura económica, la atracción de capital extranjero y el control de las libertades.
