Proteger la privacidad de los datos también es protección social

En las últimas décadas, los programas de asistencia social en todo el mundo se han fortalecido hasta el punto de que en la actualidad benefician a más de 2.500 millones de personas; estos programas, por regla general, protegen a las personas más pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presión para aplicar tecnología biométrica para verificar las identidades de los beneficiarios e integrar sistemas de información que van desde registros civiles hasta bases de datos de cumplimiento de la ley, significa que los programas sociales podrían crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.

Las empresas privadas, las agencias donantes y el Banco Mundial sostienen que la aplicación de herramientas biométricas, como por ejemplo el escaneo de iris y huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integración de bases de datos, acrecentará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costos. Y muchos gobiernos parecen estar convencidos de lo antedicho.

Si bien no hay información sistemática disponible sobre el uso de la tecnología biométrica en los esquemas de asistencia social, una mirada a ciertos programas emblemáticos sugiere que dicho uso ya está en aumento. En Sudáfrica, 17,2 millones de beneficiarios de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biométricas. En México, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro de salud pública para los ciudadanos más pobres) deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades.

Aadhaar, la base de datos biométrica más grande del mundo, se encuentra en la India. Debido a que la inclusión en Aadhaar es un requisito previo para el acceso a varios programas sociales, el 95% de los 1.250 millones de habitantes del país ya están registrados. La provisión de datos biométricos también se requiere para recibir beneficios en Botsuana, Gabón, Kenia, Namibia, Pakistán, Paraguay y Perú.

En Chile, los registros médicos de millones de pacientes, incluidos aquellos con VIH y mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, fueron expuestos públicamente durante casi un año

Los datos biométricos almacenados en una base de datos del programa de protección social se pueden vincular fácilmente a otros sistemas utilizando un identificador común, incluso a aquellos no relacionados con la protección social como los de cumplimiento de la ley o de mercadeo comercial. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos, dicha integración de bases de datos está prohibida, debido a la amenaza que esto representa para la privacidad y la protección de datos. A fin de cuentas, los programas de asistencia social requieren el procesamiento de grandes cantidades de datos, incluida información confidencial, como los bienes, propiedades, el estado de salud y discapacidades de las personas.

En muchos de los países en desarrollo que están expandiendo sus programas de protección social e identificación biométrica, los marcos para la protección de datos personales están infradesarrollados. No obstante, los donantes y las autoridades gubernamentales a menudo abogan por la integración más amplia posible de las bases de datos, tanto entre entidades públicas como privadas. Por ejemplo, Nigeria, que tiene como objetivo emitir 100 millones de tarjetas electrónicas de identificación biométrica, tiene una base de datos de identidad nacional conectada a varias otras bases de datos, incluidas aquellas mantenidas por las agencias de aplicación de la ley.

La presión para compartir datos confidenciales relativos a la protección social, incluidos entre ellos los identificadores biométricos, con las agencias aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional, se ve agravada por las preocupaciones sobre terrorismo y migración. Esta presión amenaza no solo la privacidad básica, sino también las libertades civiles. Agregue a esto el riesgo de divulgación negligente de datos o el acceso no autorizado por parte de terceros –incluso por parte de delincuentes cibernéticos y piratas informáticos– y los beneficiarios de los programas de protección social también podrían estar expuestos ante situaciones de estigmatización, extorsión o chantaje.

Además, existe la posibilidad de que el acceso a datos confidenciales de protección social, incluida la información biométrica, sea otorgado o se venda a empresas privadas. Las autoridades de protección social y las compañías, como MasterCard o Visa, a menudo firman acuerdos comerciales para crear tarjetas inteligentes para programas de asistencia social o para que las empresas acepten dichas tarjetas. Por ejemplo, la biométrica de asistencia social de Sudáfrica es una MasterCard.

Peor aún, tales acuerdos que a menudo no se divulgan públicamente tienden a no incluir mecanismos de indemnización en casos de abuso y mal uso de la información. Sin embargo, informes recientes de los medios de comunicación sugieren que estos riesgos son considerables. Por ejemplo, en Chile, los registros médicos de millones de pacientes, incluidos aquellos con VIH y mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, fueron expuestos públicamente durante casi un año.

La tecnología de reconocimiento facial puede permitir a los gobiernos identificar a los manifestantes que reciben asistencia social utilizando las fotografías digitales que han proporcionado a cambio del acceso a los beneficios

Además, en Sudáfrica, las empresas privadas hicieron uso de información de millones de beneficiarios de protección social para aumentar sus ganancias corporativas en detrimento de los intereses de los beneficiarios. En India, un periódico afirmó que sus reporteros habían obtenido acceso sin restricciones a la base de datos de Aadhaar. Otro informe documentó cómo los números de Aadhaar, con información financiera confidencial, se habían hecho públicos en los sitios web gubernamentales.

La amenaza para los beneficiarios de la protección social no se elimina incluso cuando el gobierno es el único que tiene acceso a los datos. Tal como relata la científica política Virginia Eubanks, en Estados Unidos, la toma de decisiones automatizada en la provisión de asistencia social permite al gobierno “perfilar, vigilar policialmente y castigar a los pobres”.

A medida que la tecnología avance, estas amenazas crecerán. Por ejemplo, la de reconocimiento facial puede permitir a los gobiernos identificar a los manifestantes que reciben asistencia social utilizando las fotografías digitales que han proporcionado a cambio del acceso a los beneficios. Malta, por ejemplo, ya está considerando usar cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) con software de reconocimiento facial para prevenir el “comportamiento antisocial”.

La falta de consideración por la privacidad y protección de datos por parte de los programas de asistencia social no debería causar sorpresa. Estos programas sirven a los grupos más vulnerables, personas que ya se encuentran en desventaja en cuanto a la defensa de sus derechos. El estigma arraigado y los prejuicios contra los pobres a menudo impiden que otros miembros más privilegiados de la sociedad reconozcan esos riesgos, y aún menos que aboguen a favor de los beneficiarios de los programas de protección social. Muchos parecen creer que si recibe beneficios gratuitos, usted no puede además exigir privacidad.

Se supone que los programas de protección social deben hacer exactamente lo que su nombre implica: proteger a aquellos segmentos de la sociedad que más lo necesitan. Exigir que estas personas renuncien de manera terminante a sus derechos de privacidad personal y protección de datos equivale a todo lo contrario.

Esa sola razón debería ser motivo suficiente para ejercer acciones de presión a favor de la adopción de marcos legales adecuados, la designación de autoridades de protección de datos con recursos suficientes y, como última línea de defensa, un poder judicial y medios de comunicación que sean independientes. Sin embargo, si las personas necesitan un incentivo más fuerte, siempre hay interés propio, debido a que los riesgos que enfrentan los más vulnerables y desfavorecidos hoy en día bien pueden convertirse en una realidad para sectores transversales mucho más amplios de la sociedad en el futuro.

Magdalena Sepúlveda es investigadora asociada en el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones Unidas y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Previamente fue relatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Copyright: Project Syndicate, 2019. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.