Agenda social de legislatura

La conmemoración hoy del 1 de Mayo coincide con el triunfo electoral socialista. Resulta inevitable que la movilización festiva de los sindicatos sea un recordatorio de que el nuevo Gobierno tendrá que concretar una agenda de cambio social y laboral, insinuada durante los meses que van desde la moción de censura hasta las elecciones del domingo, y cuyo principal objetivo era corregir los efectos más dañinos de las políticas de ajuste aplicadas en plena crisis económica sobre la médula del Estado de bienestar, es decir, sobre la protección social, las pensiones, la educación y la sanidad. Y sobre la negociación colectiva.

El contenido de esa agenda social parece definido, aunque falte determinar su alcance. El Gobierno y el Parlamento habrán de reactivar el Pacto de Toledo para decidir qué medidas deben aplicarse con rapidez en el sistema de pensiones, en particular qué parte de los costes de las prestaciones tiene que ser asumida por los Presupuestos del Estado, y en qué plazo. Al Pacto de Toledo le corresponde la tarea más pesada y que requiere destreza política: introducir las transformaciones necesarias en la Seguridad Social y en el cálculo de las pensiones para garantizar la supervivencia de una jubilación pública y digna. Las dos premisas básicas son una negociación sin demora y que exista entre las partes una voluntad de construir acuerdos duraderos.

El segundo gran pilar de la agenda social es la rectificación de la reforma laboral de 2012. Las líneas de esta rectificación fueron anunciadas por el departamento de Magdalena Valerio, pero es conveniente desarrollarlas con la ventaja de un Gobierno más apoyado en el Parlamento, y sin ambigüedad alguna sobre su magnitud. El primer impulso del nuevo Ejecutivo debería aprovecharse para iniciar una reforma amplia del Estatuto de los Trabajadores, el camino más prometedor para consolidar los derechos laborales a medio plazo y para todos los colectivos.

También exige una reforma en profundidad la protección al desempleo. El modelo actual no solo ofrece prestaciones pobres y una cobertura menguante, sino que impone un régimen de bonificaciones al empleo que han sido ineficaces en los últimos 20 años y está servido por una estructura administrativa obsoleta e infradotada. Es crucial para la estabilidad económica que el sistema de protección eleve las prestaciones, aumente la cobertura y sea capaz de buscar empleo a los parados. El modelo actual, caótico y fragmentado, dilapida miles de millones de euros cada año.

Aunque sea el Gobierno quien impulse la agenda social, tiene que contar con los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Sin mesas de negociación y acuerdos con la oposición, cualquier reforma durará con mucho lo que una legislatura. El propósito de una negociación es conseguir un acuerdo político con los agentes económicos para fijar unos parámetros mínimos del Estado de bienestar, incluyendo el reconocimiento del papel de los salarios en el crecimiento. No se trata de mirar hacia atrás, sino hacia delante. Y detrás de todo ello está la madre de todas las reformas: la fiscal.