El sector del agua necesita oxígeno

El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea multó a España con 12 millones de euros por incumplir la Directiva 271/91 sobre depuración de aguas residuales y al pago de 10,9 millones adicionales cada semestre. Y esto es solo el principio. La sanción es solo la primera de una serie de multas, ya que hay otros cuatro procedimientos contra el país, tres de ellos a punto de concluir. La cuestión es que, después de muchos años desde su aprobación, España continúa incumpliendo la Directiva. "El 15% de la población, más de mil poblaciones, no tienen agua depurada", dice Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). "Como no resolvamos el problema, podemos llegar a pagar hasta 100 millones de euros al año", advierte Antolín Aldonza, portavoz de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua).

Bruselas no aprueba el estado del sistema de depuración de aguas en España. En 2016 reprobó al país por el mal estado de algunos ríos, debido a que miles de Ayuntamientos carecen de depuradoras y vierten sus aguas residuales sin tratar. Pese a que España posee la segunda red de depuración de Europa y cuenta con 4 de las 20 mayores depuradoras del continente, sigue teniendo fuertes deficiencias. "Se necesita construir 500 a 750 nuevas depuradoras [para Ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes] y renovar al menos 9 de las grandes, incluidas las de Madrid", puntualiza Fernando Argüello, director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex).

¿Qué explica esta pasividad de centenares de Ayuntamientos en España, que son los que deben pagar estas infraestructuras? "Pues que no tienen dinero para hacerlo", dice Argüello. "La crisis y la prohibición de que se endeuden ha llevado a esta situación", añade. Todas las Administraciones han reducido sus inversiones en infraestructuras. Y si las han recortado en carreteras o en el AVE, más lo han hecho en el ciclo integral de agua, un dinero que no les gusta gastar ya que, como reconoce Aldonza, "son obras que el público no ve". Mientras que en 2008 España invertía casi 1.100 millones de euros en las infraestructuras del agua, esa cifra está ahora sobre los 700 millones.

Solo para ponerse al día en depuración, España deberá invertir cerca de 12.000 millones. Para el conjunto del ciclo del agua, esta suma se duplica. Lo más urgente es la depuración, pero la falta de inversión afecta a otras áreas. "Para cumplir los objetivos ambientales de la UE", recuerda un portavoz de AEDYR, la asociación de las empresas de depuración y desalación, "España tendrá que actualizar infraestructuras existentes y construir otras nuevas en saneamiento, depuración, reutilización y desalación". La red de saneamiento empieza a estar dañada y estas aguas residuales pueden acabar invadiendo los acuíferos. El 60% de esta red (165.000 kilómetros) tiene más de 30 años.

Alerta en el abastecimiento

Pese a que el estado del agua que llega al grifo recibe un aprobado alto, los problemas empiezan a acumularse también en el área de abastecimiento. El 40% de sus tuberías (225.000 kilómetros) tiene también más de 30 años. Las pérdidas por fisuras alcanzan el 22%. Este deterioro está provocando además más gastos de mantenimiento. En vista de la crisis del sistema, el Ministerio de Transición Ecológica presentó hace poco un plan (DSEAR) para paliar el problema. Sin embargo, este fue recibido con escepticismo por las empresas del sector. "Las cifras del plan [46.000 millones hasta 2023] son tan ambiciosas que no resultan creíbles", dicen desde Asagua. Las inversiones previstas este año para la Dirección General del Agua no superan los 400 millones.

Este es el problema. ¿Cómo va a pagar el Estado estas inversiones con una deuda pública de casi el 100% del PIB? No es fácil. De ahí que aumenten las voces para incrementar el precio del agua. "Pese a que España", asegura Argüello, de Fidex, "es el segundo país con mayor estrés hídrico de Europa, después de Malta, tiene una de las tarifas más baratas". "Pagamos de media 0,83 euros por metro cúbico, cuando hay países de Europa donde se paga hasta 3 euros", se queja Aldonza, de Asagua. Conscientes de la mala acogida que tienen sus llamamientos a subir las tarifas, en Asagua explican que la actual situación "va contra la directiva de la UE, que exige que se repercutan todos los costes del agua, incluidos los de inversión, sobre los usuarios". Esta asociación argumenta que "el precio que se paga no cubre las necesidades". Sin embargo, y pese a la directiva, nadie se atreve a subirlos. "Los Ayuntamientos", coinciden en el sector, "tienen terror a subir precios. Dicen que sería muy impopular".