Dos en Europa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, han criticado a la Unión Europea por no interferir en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que declararon unilateralmente la secesión de Cataluña. En este caso sorprenden menos los ataques a las instituciones democráticas españolas que la ignorancia de los principios y procedimientos de la Unión por parte de un cargo electo en cuyas manos está la Generalitat.

Es difícil comprender el análisis a partir del cual el que el president Torra y su antecesor han podido imaginar que una Europa que contempló con estupor la violación de la ley interna española, del espíritu y la letra de los tratados y del derecho internacional iba ahora a traicionar principios esenciales en su ordenamiento, como el de la separación de poderes, y a interferir en el juicio justo y realizado con garantías donde un Estado miembro dirime las responsabilidades por aquellos hechos. Una Unión y un Ejecutivo europeos a los que, además, no se les escapa que el independentismo catalán recibe sus apoyos en Europa de los partidos contrarios al proyecto de la integración, y que corre el riesgo de ser instrumentalizado contra esta en el cada vez más frágil equilibrio entre potencias, como quedó patente en la entrevista al periódico ruso Komsomólskaia Pravda concedida por el expresidente Puigdemont.

En su singular comparecencia conjunta, el president Torra y su antecesor revelaron el sobrentendido en el que se apoya la estrategia de las fuerzas independentistas. Europa, sus procedimientos pactados y sus instituciones establecidas y gobernadas entre todos los Estados miembros no son su beatífica aspiración; por el contrario, son tan solo la coartada propagandística con la que intentan validar una ideología y una acción políticas que apelan a una democracia por encima de las leyes para, violando la legislación, vulnerar también la democracia. Cuando en España las instituciones democráticas cerraron el paso al programa de la secesión de Cataluña, intervinieron la autonomía en aplicación de las normas constitucionales y pusieron a disposición de la justicia a los responsables de imponer una voluntad minoritaria por vías de hecho, las fuerzas independentistas reaccionaron buscando el desprestigio del sistema. Ahora que Europa no atiende su pretensión de interferir en la justicia española es la Unión la que recibe idéntico trato.

Las fuerzas independentistas son enteramente libres de imaginarse como los únicos oráculos de la democracia, tanto frente al sistema español como también frente al europeo. Lo que no pueden pretender, sin embargo, es que ni uno ni otro sistema se plieguen a que unos partidos convocando manifestaciones y unos dirigentes políticos concediendo ruedas de prensa decidan qué es o no es delito, ni quién es culpable ni quién inocente. De acuerdo con el discurso que habían mantenido las fuerzas independentistas hasta el inicio del juicio en el Tribunal Supremo, Estrasburgo dejaría al descubierto la parcialidad de los jueces españoles y la naturaleza autoritaria de las leyes en las que fundarán su veredicto. Después de la visita de dos de sus representantes a Bruselas, la confianza de las fuerzas secesionistas no parece situarse ya en ninguna instancia judicial europea, sino en el hecho de que Europa viole la independencia de la justicia.