Encrucijada israelí

El recientemente fallecido escritor israelí Amos Oz, siempre sostuvo que la ocupación de los territorios palestinos representaba un problema a largo plazo para la propia democracia israelí y su Estado de derecho. Lo escribió hace 51 años y la historia le ha dado razón. El problema que apuntó entonces es el mismo que destaca el informe confidencial elaborado por los representantes diplomáticos de los 28 miembros de la UE, que denuncia el apartheidlegal al que viven sometidos los palestinos de Cisjordania.

Este documento resulta insólito por la unanimidad que muestran los diplomáticos que lo suscriben, que representan a países que, sin embargo, mantienen políticas muy diferentes hacia el conflicto israelo-palestino. El texto denuncia que existen dos sistemas legales según el origen de cada ciudadano y una parte de ellos, los palestinos, viven sometidos a una sistemática discriminación imposible de ignorar. Los diplomáticos reclaman a Israel que reforme su justicia militar para “garantizar un proceso y un juicio justos de acuerdo con ley internacional”.

El informe ofrece una serie apabullante de datos que revelan cómo los palestinos son privados de sus derechos civiles, afrontan restricciones en sus movimientos, además de vivir en una economía subdesarrollada de la que sus propios dirigentes tienen una enorme responsabilidad. Describe un panorama en el que son tratados como ciudadanos de segunda con respecto a los colonos israelíes. Se trata de una situación inadmisible, ante la que la comunidad internacional no puede seguir cerrando los ojos y que, sobre todo, no pueden ignorar ni el Gobierno, ni la sociedad israelí. Para la UE este informe debería significar que ha llegado el momento tomar medidas diplomáticas que ayuden a buscar una salida.

Israel se encuentra en una encrucijada: defender su democracia y los valores desde los que se fundó, garantizar las libertades de todos los ciudadanos que viven de facto bajo su sistema legal o continuar con una deriva incompatible con los principios de justicia que deben vertebrar un Estado de derecho.