Salvar el alquiler

El intento del Gobierno de reformar el mercado de alquiler de vivienda sufrió una derrota estrepitosa en el Congreso el pasado martes. El rechazo parlamentario constituye un contratiempo social porque el crecimiento desorbitado de los precios de los arrendamientos urbanos en los últimos años impide el acceso a la vivienda de trabajadores y profesionales que necesitan un lugar para vivir allí donde trabajan. No hay proporción entre la menguada renta media que perciben los asalariados jóvenes con el precio medio del alquiler, que en ciudades como Madrid se aproxima a los 900 euros mensuales. La irrupción de los llamados “pisos turísticos” ha elevado las tensiones sobre los precios en áreas localizadas de Madrid o Barcelona y ha contribuido a aumentar los desahucios de inquilinos; todo ello en el marco de un mercado raquítico, muy lejos de la ocupación media en Europa. El decreto ley pretendía corregir algunos de los problemas creados por la ley de 2013. Ampliaba las prórrogas de los contratos, proponía varias cautelas para limitar los desahucios, limitaba los avales exigibles al inquilino y concedía más poder a los vecinos para combatir la expansión de los “pisos turísticos”. Pero el voto en contra de Podemos, partidario de dar poder a los Ayuntamientos para limitar los precios en las zonas con alquileres más elevados, obliga al Gobierno a empezar de nuevo.

El Ministerio de Fomento tiene el deber de insistir en una reforma que mejore las condiciones actuales del alquiler en España. Pero el nuevo proyecto debe apoyarse sobre bases políticas y económicas más firmes. Algunas ya estaban en el decreto ley rechazado. Es imprescindible contar con un índice de precios de alquiler elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para toda España y para cada una de las comunidades autónomas; hay que mantener la ampliación de las prórrogas de los contratos desde los tres años actuales a los cinco años e insistir en que una comunidad de propietarios rechace la calificación de un piso como turístico cuando así lo deseen las tres quintas partes de los vecinos.

La estrategia más eficaz para contener los precios es elevar el número de viviendas públicas destinadas al arrendamiento protegido. El inconveniente de esta política, que por cierto ya está en marcha, es que tiene efectos a medio plazo. Para conseguir resultados a corto plazo solo es posible actuar con intervenciones legales de los precios, de las cuales hay precedentes variados en las capitales europeas. Fomento podría considerar un modelo que permitiese al Ayuntamiento limitar los precios de forma indirecta, mediante incentivos o castigos fiscales. Por ejemplo, gravar con tasas estatales o municipales cualquier subida de precios superior a la señalada por el índice de precios de alquiler.

Sea cual sea la opción elegida, la decisión debería contar con un amplio grado de consenso. Sería conveniente pactar con los fondos que operan con el stock de alquileres y con los promotores que reciben suelo público para evitar que el precio se dispare por encima del indicador medio de precios y limitar los desahucios a causas precisas e informadas.