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Para recuperar el alquiler

La burbuja en ciernes del alquiler exige actuar en varios frentes legislativos; hay que limitar por ley el acaparamiento y los pisos turísticos y defender la estabilidad contractual que el PP redujo en defensa de los propietarios

Bloque de viviendas de alquiler en Madrid vendido al fondo buitre Fidere
Bloque de viviendas de alquiler en Madrid vendido al fondo buitre Fidere

El mercado del alquiler es básico para sostener el mercado inmobiliario en niveles de precios que no resulten prohibitivos para el común de los ciudadanos. Los gestores públicos de la vivienda están obligados a atenerse a principios de estabilidad social, tales como que los jóvenes puedan encontrar un lugar donde vivir y existan incentivos a la movilidad profesional. Pero los pisos en alquiler en España se han encarecido en los últimos dos años hasta un límite prohibitivo; según las zonas, la subida media está en torno al 18% y en lugares concretos de algunas ciudades la subida supera el 30%. En estas condiciones, el mercado del alquiler no puede cumplir con los objetivos económicos y sociales deseables.

Las razones de esta explosión de precios van desde los pisos turísticos —los propietarios prefieren esta opción porque pueden subir los precios— hasta la simple acaparación de metros cuadrados con el mismo fin o la ausencia de cantidades significativas de pisos destinados a la vivienda o al alquiler social. El Gobierno quiere abaratar el mercado ampliando por ley los plazos de contratación (de tres a cinco años), reduciendo las fianzas y aumentando las desgravaciones fiscales a propietarios e inquilinos. La iniciativa debe apoyarse, incluso a sabiendas de que la negociación política con el PP, PNV y Ciudadanos es difícil.

La opción del PSOE, en un mercado dominado por fondos buitre y pisos turísticos, puede ser insuficiente, pero por el momento es mejor que nada. Para corregir la burbuja en ciernes del alquiler hay que actuar en varios frentes legislativos y jurisdiccionales (limitar por ley el acaparamiento y los pisos turísticos) y defender la estabilidad contractual que el PP redujo en defensa de los propietarios. La solución es compleja; por eso el Gobierno, si consigue un acuerdo, debería considerar controles posteriores del mercado para comprobar la efectividad de las medidas. No conviene legislar a ciegas y sin responsabilidad.

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