La irresistible aversión al Impuesto de Sucesiones

Una de las características más visibles de la doctrina neoliberal es la aversión a la progresividad fiscal. La patología antiimpuestos, que debería examinarse en convenciones de psiquiatría, afecta en España a dos partidos políticos: el PP y Ciudadanos. La carga principal de sus propuestas políticas descansa siempre en la rebaja tributaria. Juan Manuel Moreno Bonilla, nuevo presidente de Andalucía, no ha necesitado ningún estudio político serio que determine cuáles son las necesidades de gasto e inversión en la Comunidad, ni cuáles son sus parámetros recaudatorios, para decidir que hay que bajar impuestos y suprimir el impuesto de sucesiones.

No es este el lugar para extenderse en las profundas carencias técnicas y de gestión que se esconden tras el recurso político regresivo de bajar o suprimir impuestos siempre y en todo lugar. Pero sí se puede resumir del impuesto de sucesiones que pretenden eliminar Moreno Bonilla y sus consejeros de Ciudadanos (con el apoyo de Vox) que recaudó 364,2 millones en 2017 y que entre enero y octubre de 2018 ingresó 238,5 millones. Un Gobierno democrático, como se supone que es el de Moreno Bonilla, debería estar explicando ya cómo va a recuperar los casi 300 millones anuales perdidos o qué gastos e inversiones dejarán de realizarse en presupuestos posteriores.

Hoy, en Andalucía solo pagan sucesiones las herencias superiores al millón de euros recibidos por heredero. Así que la supresión del impuesto (bonificación del 99% de la base liquidable) solo beneficiará a las herencias más altas. El argumento de que el ahorro fiscal aumentará el consumo no deja de ser una patraña. Para que esa filfa tuviera algún valor habría que explicar cuál es la propensión marginal al consumo; porque antes de las rebajas anunciadas los andaluces con más patrimonio ya disfrutaban de rentas más que suficientes para consumir y ahorrar.

PP y Ciudadanos se han saltado a la torera la recomendación de la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica de coordinar un tipo mínimo de sucesiones en todo el país. Quien suprime un impuesto directo renuncia a la capacidad de acción del Estado sobre la sociedad, traslada al bolsillo de todos lo que deben pagar las rentas más altas y niega la redistribución vía impuestos, la única política que nos queda para actuar contra la desigualdad.