Señales para el futuro

Nunca un Gobierno tuvo un apoyo parlamentario tan precario para hacer viables sus propuestas. La principal, los esperados Presupuestos Generales del Estado, serán tramitados en el mejor de los casos con el endeble y heterogéneo respaldo con el que Pedro Sánchez llego a la presidencia del Gobierno. A ese complicado propósito por agotar la legislatura se une ahora un conjunto de medidas, muchas de ellas económicas, agrupadas bajo el ambicioso enunciado de Agenda del cambio.

De la información disponible puede deducirse que se tratan de decenas de medidas, algunas de ellas de alcance, de aplicación durante varios años, que tienen en común una voluntad modernizadora. Una suerte de plan estratégico, amparado en un diagnóstico en el que se podrían convenir las fortalezas y debilidades de la economía española, y algunas de las decisiones que serían necesarias para avanzar en ese propósito genérico de eliminación de las fuentes de desigualdad existentes en nuestro país: entre el medio rural y el urbano, entre el hombre y la mujer, y la generacional. La reducción de los desequilibrios macroeconómicos y el aumento del crecimiento potencial de la economía forman parte también de los enunciados de la agenda.

Se trata, al menos hasta el momento, de un plan de intenciones, sin detalle suficiente en decisiones concretas, que pretende señalizar y acentuar los mensajes electorales del partido socialista. Una oferta que añade a la retórica convencional sobre la necesaria estabilidad macroeconómica, esa diferenciación que atiende a las políticas medioambientales y, desde luego, a la necesaria cohesión social. Pero también se insinúan actuaciones que irían más allá del completo desmantelamiento de la reforma laboral.

Aparte de esas pretensiones sociales, merece la pena la atención prestada al aumento del crecimiento potencial de la economía. Esta es una condición necesaria para garantizar mayor bienestar y la reducción de desequilibrios macroeconómicos, como el excesivo endeudamiento público y, desde luego, el desempleo. Pero para que la economía española pueda crecer más a largo plazo de forma sostenida es necesario que crezca mejor. Que la producción de sus empresas incorporen más valor añadido y esto exige mejorar la productividad de la economía, no fundamentándola en bajos salarios y desprotección, sino en mejoras de las dotaciones de capital, tecnológico y humano. Fortaleciendo las competencias de los trabajadores, de la calidad de las instituciones e incluso de la de los que gobiernan las empresas. Avanzando hacia una completa asimilación de las tecnologías digitales.

La elaboración de esa agenda es un ejercicio respetable, aun cuando sus enunciados vayan cargados de intencionalidad electoral. Esas pretensiones modernizadoras serán manejadas junto a las decisiones adoptadas de elevación del salario mínimo, del sueldo de los funcionarios y la de las pensiones, para fortalecer el ánimo de sus electores potenciales, demarcando un espacio de centro izquierda frente a los intentos de alianza de los partidos de derecha.

Aunque se concretaran algunas de ellas, lo que esta por ver, esas propuestas no impedirían que la economía española se sustrajera de la senda de desaceleración en la que ya está inmersa el conjunto de la economía mundial y, más intensamente, la eurozona. En cualquier caso, algunas de esas medidas habrán de ser adoptadas por quien gobierne si se quiere reducir la vulnerabilidad de la economía y defender la creación de empleo en una mayor competitividad. En el fondo, el Gobierno, que conoce su escasa fuerza parlamentaria, se está limitando a señalizar objetivos, pero aunque solo sirviera para fomentar el debate sobre la modernización económica del país, ya sería algo positivo. Desde luego, algo más útil que otros focos de atención que no ayudan en nada a garantizar el bienestar de la mayoría.