Pacto andaluz

Tras la constitución del Parlamento, Andalucía se encamina a tener un Gobierno a principios del próximo año gracias a un pacto entre el Partido Popular, que el 2-D quedó en segunda posición, y Ciudadanos, que quedó en tercera. Se evitaría así algo nunca deseable: la prolongación innecesaria del mandato de un Ejecutivo en funciones y, lo que es peor, una repetición de las elecciones ante la incapacidad de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos. Con ello se confirma, de nuevo, que los partidos deberían mostrar más cautela a la hora de denostar el sistema si las reglas no les convienen, porque pueden acabar beneficiándose en el futuro de esas mismas reglas del juego que calificaban de antidemocráticas. Es lo que ha ocurrido con la famosa soflama del PP sobre los “pactos de perdedores”, cuando trató de convertir en ley que gobernase la formación más votada. El sistema constitucional prevé que gobierne el partido que logra alcanzar una mayoría parlamentaria —fue el caso de Andalucía en 2012, cuando el PP ganó las elecciones pero formó gobierno el PSOE—, de manera que sería deseable que este acuerdo cerrase de una vez un debate estéril. Es tan legítimo este pacto andaluz como un Gobierno que logra la investidura por mayoría absoluta como otro que consigue los votos para sacar adelante una moción de censura.

Un presidente conservador al frente de un Ejecutivo compuesto por PP y Ciudadanos representará un cambio de ciclo político en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, gobernada por el mismo partido, el PSOE, desde hace 36 años. Pero para que este acuerdo sea posible, existe un elefante en la habitación: la formación ultraderechista Vox, que aunque no en el caso del PP, sí parece representar visiblemente un problema para Ciudadanos, como se infiere de las declaraciones de su candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, así como de sus socios liberales europeos. Sin embargo, sin los votos de sus 12 diputados no podría haber investidura ni, desde luego, unos presupuestos.

Un Ejecutivo debe ser juzgado por sus actos. Un programa de investidura como el alcanzado por el PP y Ciudadanos no es garantía suficiente, por mucho que parezca diseñado para contradecir alguno de los postulados de Vox, como el apoyo explícito a las leyes de violencia de género. Por lo pronto, esta formación ocupa la secretaría tercera de la Cámara andaluza: el diputado por Cádiz Manuel Gaviria se ha convertido en el primer miembro de un partido ultraderechista en alcanzar un cargo institucional en España. Muchos de los postulados de Vox son no solo contrarios a la Constitución, sino a los principios de solidaridad e igualdad sobre los que se sustenta el marco legal europeo.

El cemento que une el pacto de PP y Ciudadanos, y que impulsa a Vox a apoyarlo, es ante todo expulsar a los socialistas del poder. Puede ser suficiente para formar una mayoría, pero es insuficiente para articular una acción de gobierno, como también lo es dar la impresión de que Andalucía es un páramo. Queda mucho por hacer en esta comunidad autónoma, pero es indiscutible que ha avanzado enormemente en estos 36 años. Los auténticos problemas de los andaluces son la elevada tasa de paro juvenil, el descenso en la calidad de la sanidad o el modelo productivo. Para eso hacen falta algunos consensos, muchas ideas y, desde luego, no sirven las de Vox.