Andalucía: ya hay acuerdo para el cambio

El acuerdo firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular el pasado viernes contiene 21 medidas para el cambio en los 100 primeros días de Gobierno en Andalucía. De implementarse, supondría el proyecto más ambicioso de regeneración y progreso para Andalucía desde la Transición. Por responsabilidad e higiene democrática, el PSOE debería abstenerse para permitir un cambio de Gobierno que no sucede desde 1982. El documento se centra en tres ejes prioritarios con medidas de urgencia para la regeneración, la reactivación económica y el impulso del capital humano y la formación.

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Las dinámicas institucionales tras tantos años de Gobierno han resultado en un brutal deterioro de la administración. De acuerdo con el European Quality of Government Index 2017, elaborado por la Universidad de Gotemburgo para la Comisión Europea, Andalucía es la comunidad autónoma con peor calidad institucional de España. Más allá de los sonados casos de corrupción —según la fiscalía, solamente por los ERE, se esfumaron 741 millones de euros de la partida 31L del presupuesto de la Junta, conocida como el “fondo de reptiles”— Andalucía tiene lo que se ha venido a conocer como “la administración paralela”, un gigantesco entramado institucional al margen, con más de 200 entidades públicas, entre agencias, fundaciones, consorcios y empresas públicas participadas por la Junta de Andalucía.

Solamente las agencias manejan más de 3.500 millones de euros, con una fiscalización muy débil. Las redes clientelares creadas alrededor de ese entramado y la extrema politización de la administración y de los órganos de control han hecho que los contrapesos imprescindibles para prevenir y controlar de la corrupción y la eficiencia en el gasto hayan, simplemente, desaparecido.

Por ese motivo, el paquete para la regeneración del acuerdo alcanzado es el más importante (nueve de las 21 medidas). Además de la separación inmediata de los cargos públicos imputados por corrupción política o la supresión de los aforamientos, el acuerdo contiene tres compromisos fundamentales para empezar a revertir esa situación. El primero es la puesta en marcha de una auditoría integral de todo el gasto de la Junta de Andalucía, a cargo de la AIReF, tanto en la administración como en los entes paralelos, con el objetivo de eliminar gasto superfluo y reorientarlo a la financiación de los servicios públicos esenciales.

El segundo es la concentración, en un solo ente, de la gestión de todas las entidades dispersas de la “administración paralela” (siguiendo el modelo que supuso la SEPI en el Estado) con el objetivo de despolitizar estas las agencias, empresas y fundaciones y garantizar la profesionalidad y eficiencia en su gestión, eliminando aquellas que se consideren redundantes.

El tercero es la puesta en marcha de una ley de despolitización de la Junta de Andalucía que termine con los dedazos en los altos cargos de gestión en la Junta y restrinja el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la administración andaluza.

El segundo eje de medidas urgentes se centra en la dinamización de la economía andaluza. A pesar de haber recibido desde 1986 más de 100.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea (unos 3.000 millones de euros al año), Andalucía sigue estancada en la convergencia con Europa. De hecho, el pasado septiembre, el PIB per cápita de la comunidad cayó de nuevo por debajo del 75% de la media de la UE, por lo que vuelve a pasar al grupo de las “regiones en desarrollo”, las más pobres.

La incapacidad del Gobierno de facilitar un entorno favorable al crecimiento ha hecho que la economía andaluza sea de las menos competitivas de Europa. Según el último EU Regional Competitiveness Index, elaborado por la Comisión Europea, Andalucía se encuentra en el puesto 220 de 263 en competitividad. Andalucía, además tiene una presión fiscal muy por encima de la media: cada ciudadano andaluz paga en promedio 76,8 euros más en impuestos al año que la media española.

En los 100 primeros días, el acuerdo incorpora el compromiso de encargar a un comité de expertos la elaboración de un plan de urgencia para la simplificación normativa y administrativa de Andalucía, la eliminación de trabas burocráticas, la creación de una ventanilla única empresarial y la licencia exprés para impulsar el emprendimiento.

La reducción de cargas a los autónomos también cobra mucho protagonismo en el acuerdo, con la puesta en marcha de la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos a 24 meses y la creación de una tarifa superreducida de 30 euros para menores de 25 años y para las mujeres emprendedoras que inicien una actividad en el mundo rural andaluz.

En el ámbito de la fiscalidad, el acuerdo se compromete a completar la eliminación del impuesto de sucesiones, estableciendo una bonificación del 99% para todas las herencias y donaciones entre parientes directos; revertir la subida del “impuesto a las hipotecas” (AJD) aprobada en 2012 y a elaborar una propuesta para seguir reduciendo el tramo autonómico del IRPF, empezando por las rentas más bajas (donde se aplica un tipo del 12% para bases liquidables de hasta 12.450 euros, frente al 9,5% de la escala nacional).

El tercer eje del acuerdo es el capital humano. Andalucía se enfrenta a un triple reto: tiene el segundo índice de abandono escolar más alto de España (23,5% en 2017, cinco puntos más que la media española), el índice de temporalidad más alto de España (36,2%, diez puntos por encima de la media española) y un sistema de formación que, además de haberse utilizado para robar a los parados a manos abiertas, ofrece unos índices de reintegración laboral lamentables. De los 898.000 desempleados que tiene Andalucía, el 40% llevan dos o más años sin trabajar.

En este sentido, el documento incorpora dos medidas importantes. En primer lugar, el compromiso para la aprobación, en los tres primeros meses de Gobierno de un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo centrado en el apoyo a los profesores para reducir el abandono escolar (aprovechando la financiación disponible en el Programa de Cooperación Territorial PROEDUCAR, entre otros). En segundo lugar, el acuerdo se compromete a desarrollar la normativa que permita poner en marcha el sistema de cheques-formación, para que los recursos de formación vayan directamente a los parados, evitando las posibilidades de fraude por los intermediarios.

Finalmente, el acuerdo incorpora un plan de choque para la mejora de la sanidad pública y la reducción de las listas de espera centrado en la despolitización del Servicio Andaluz de Salud y el incremento de la financiación de la atención primaria, con el objetivo de alcanzar el 20% de la financiación sanitaria al final de la legislatura. El último punto del acuerdo incorpora el compromiso para desarrollar y dotar de la financiación necesaria todas y cada una de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder hacerlas realidad en Andalucía y poder poner fin a esta lacra social.

Existe una ventana de oportunidad para un cambio de rumbo histórico en Andalucía. Este acuerdo pone nombre y apellido a las políticas públicas que lo hacen posible. Ahora solo queda que los partidos dejen de poner freno al anhelo de cambio y progreso de los andaluces.

Toni Roldán Monés es diputado, secretario de Programas y portavoz de Economía de Ciudadanos.