Seguridad jurídica es Constitución

La ruptura constitucional que provocaron las leyes catalanas de septiembre de 2017 no tiene precedentes en nuestra vida democrática. La unilateralidad independentista puso en jaque al Estado democrático tal y como lo conocemos porque se desarrolló mediante la utilización de las propias instituciones, aunque sin alzamientos violentos o militares, como sí ocurrió en 1981.

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Editorial | Vía institucional

La reunión de ayer y el posterior comunicado conjunto deben ser leídos en el contexto político en el que nos encontramos y también como un paso más en la senda de comunicación política iniciada por el Gobierno Sánchez que ha producido ya algunos encuentros entre las administraciones central y catalana.

El Estado, su estructura constitucional, está en Cataluña a través de las instituciones de la Generalitat, y a través de la presencia de las instituciones centrales, en ejercicio de sus normales competencias. En este encuentro ningún ente político ha usurpado poderes al otro. Hace 48 horas eran muchas las personas que dudaban de que el encuentro del Gobierno y el Govern pudiera producirse en Barcelona, el propio tono del president Torra más bien indicaba lo contrario. Sin embargo, se ha producido. Un encuentro en el que Pedro Sánchez tiene mucho que perder como han demostrado las declaraciones casi inmediatas de los líderes de los partidos de la oposición, Casado y Rivera. También dentro del propio PSOE existen voces críticas que consideran que con estos gestos políticos se sucumbe al secesionismo y que les restan credibilidad y votos en el resto del estado. Quizá la vista esté en los Presupuestos que deberían aprobarse próximamente y para cuya aprobación debería revalidarse la mayoría de la moción de censura (cosa que Ciudadanos podría romper apoyando estos presupuestos y fomentando la vuelta a la centralidad política). Pero también cabe entender que Sánchez ha levantado la vista de lo inmediato y se ha propuesto favorecer la solución del conflicto en y con Cataluña que requerirá política y tiempo.

El comunicado ha generado reacciones diversas. Para algunos, se trata, nuevamente, de una rendición del Estado a los independentistas porque no se hace referencia expresa a la “Constitución”. Tampoco aparecen, por cierto, las palabras autodeterminación, referéndum o presos. Sin embargo, el acuerdo delimita el ámbito del diálogo o de la comunicación: el respeto de la seguridad jurídica, principio fundamental del ordenamiento jurídico reconocido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución española como uno de los elementos estructurales de la actividad de todos los poderes públicos estatales, también los de las Comunidades Autónomas.

La seguridad jurídica implica la preexistencia de un ordenamiento de referencia que no puede ser otro que el constitucional: la República catalana no existe y las leyes de referéndum y de transitoriedad, anuladas por el Tribunal Constitucional, no se aplican en Cataluña. No son marco de referencia jurídico tampoco para la Generalitat. La seguridad jurídica es un elemento basilar del Estado de Derecho Constitucional que, por un lado, obliga a los poderes públicos, a todos ellos, a actuar de conformidad con las normas válidamente aprobadas, y, por otro, es una garantía para la ciudadanía de que los poderes públicos no renunciarán a la observación y aplicación de dichas normas, elemento fundamental para los sectores no independentistas en Cataluña.

La seguridad jurídica supone que cabe hablar, sí, pero dentro del marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigente, lo que excluye la unilateralidad. Incluso si se hablara de referéndum y autodeterminación (otros países democráticos lo han hecho), la implementación de los acuerdos que pudieran derivarse pasaría por el respeto de la legalidad vigente, en su caso, por una modificación constitucional, a través de los procedimientos por ella previstos.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Artículo elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.