Contra el Estado

Las acusaciones contra Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016 del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, son de una gravedad extrema porque apuntan a la utilización para socavar el Estado de derecho de cuerpos de seguridad que deberían estar volcados en protegerlo. Entre 2012 y 2016, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz puso en marcha operaciones policiales, ahora conocidas gracias a diversos sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional, cuyo objetivo era atacar a los adversarios políticos del Gobierno del PP o defender al Ejecutivo de investigaciones judiciales en marcha sobre corrupción.

Una de esas operaciones consistió en pagar con fondos reservados a un colaborador para robar pruebas de la corrupción del PP que supuestamente ocultaba Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación conservadora entre 1990 y 2009. Bárcenas controló durante casi 20 años una caja b que financió ilegalmente al PP. El magistrado que instruye el caso Villarejo, los desmanes de un comisario sin escrúpulos que hizo de su actividad policial un negocio muy lucrativo, ya tiene en su poder las posibles pruebas de esa fraudulenta operación policial. Según esos datos, el chófer del tesorero cobró del Estado 2.000 euros al mes durante dos años por convertirse en espía. Se trata de una operación que ningún juez había ordenado y cuyos resultados se ocultaron a la Audiencia.

En otros sumarios se acumulan pruebas de cómo la cúpula policial durante el mandato de Fernández Díaz fabricó informes contra dirigentes independentistas catalanes. También se trató de arruinar el prestigio de dirigentes de Podemos. Se trata de informes chapuceros sin sello ni firma basados en datos falsos o exagerados y en elucubraciones sin fundamento. Para su elaboración fueron movilizados agentes de la llamada policía patriótica.

Utilizar a quienes tienen el legítimo monopolio de la fuerza para perjudicar a rivales políticos con mentiras fabricadas y destruir pruebas produce un daño profundo al tejido institucional sobre el que se sostiene la democracia, ya que mina la confianza de los ciudadanos en los cuerpos que deben protegerles. Que se pague con fondos reservados una operación destinada a robar y ocultar pruebas de corrupción contra dirigentes del partido en el Gobierno no debería quedar sin investigar en una democracia. Más allá de las responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido los responsables de estos desmanes, resulta políticamente imprescindible pedir explicaciones a los que eran entonces sus jefes en el Ejecutivo para determinar qué sabían sobre estas actuaciones.

Los tres máximos responsables del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy siguen hoy desempeñando altos cargos de representación. El exministro Jorge Fernández Díaz es diputado nacional y secretario de Interior y Libertades en la ejecutiva de Pablo Casado. Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, es portavoz del PP en el Senado. Y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, es parlamentario nacional y portavoz del PP en la Comisión Constitucional. El presidente de la formación conservadora debería preguntarse si es compatible la regeneración de su partido con el mantenimiento en sus puestos de los presuntos responsables de este asalto contra el Estado de derecho.