Reforma rectificada

Uno de los compromisos más firmes del Gobierno de Pedro Sánchez es el de derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. El anuncio público de que los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han avanzado en un posible acuerdo que permita modificar aspectos importantes de la legislación laboral vigente, tales como devolver la primacía a los convenios sectoriales sobre los de empresa, restituir la ultraactividad (vigencia del convenio vigente mientras se negocia otro distinto), imponer una regulación más estricta a la subcontratación o pagar el subsidio de 430 euros a los parados mayores de 52 años, permite concebir la esperanza de que en los primeros meses del año se concreten por fin cambios sustanciales en la reforma laboral de 2012. Todavía se está a tiempo de mejorar, siquiera parcialmente, las condiciones de trabajo en el mercado español.

Pero el anuncio citado ha provocado una protesta de la patronal CEOE, con el argumento de que el pacto vulnera los principios del diálogo social. Se trataría, en su opinión, de un pacto bilateral del que no habrían sido informados directamente. Pero como la patronal ha participado en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos, tendrá que precisar un poco más las razones de su “indignación”. No está de más recordar que la reforma laboral de 2012 fue aprobada imperativa y unilateralmente por el Gobierno sin tener en cuenta las objeciones de los sindicatos sobre los modelos de contratación; no es razonable que se pretenda convertir la oposición de la patronal a los cambios que van adelantando el Gobierno y los sindicatos en una situación de bloqueo permanente.

Casi nadie duda hoy sobre el fondo de la cuestión: la reforma laboral de 2012 ha deteriorado la calidad del empleo en España. Los daños principales son un aumento de la precariedad laboral, un descenso pronunciado de los salarios y el enquistamiento del paro juvenil en tasas que duplican la media europea. Son los efectos contrarios de los que pretendía el Real Decreto Ley de 2012. Tal situación es insostenible en términos de estabilidad social y tiene que ser corregida con la rapidez que permita la búsqueda de un acuerdo entre los agentes sociales. No hay que olvidar que lo que se conoce de las negociaciones es solo una parte de la rectificación necesaria de la reforma laboral; y que es conveniente mantener viva la mesa de diálogo social, con los empresarios sentados en ella, para completar, si la evolución de la legislatura lo permite, una nueva legislación laboral en 2019.

El Gobierno se encuentra ahora ante una decisión crucial que no podrá demorar demasiado, porque las circunstancias políticas aprietan. O bien da un paso adelante e intenta transformar lo ya discutido (se trate de un pacto formal, de un preacuerdo o de avances significativos en la negociación) en leyes mediante el recurso al decreto ley, o bien mantiene abierta la mesa de negociación a la espera de que la CEOE se sume a los cambios propuestos, como ya ha sucedido en otras ocasiones. El movimiento de Comisiones Obreras publicando el avance en las negociaciones es claramente un intento de acelerar la “reforma de la reforma laboral”; y la “indignación” expresada por la CEOE pretende influir en sentido contrario.