Danzas de brujos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados a lo largo del mes de enero. Estas declaraciones corregían otras anteriores en las que el compromiso era hacerlo a finales de noviembre o principios de diciembre. El cambio de criterio es tan solo la pantalla de inestabilidad política que oculta un fondo de incumplimiento institucional. La Constitución establece con taxativa claridad que el Ejecutivo está obligado a presentar el borrador de las cuentas públicas para un ejercicio en el último trimestre del año anterior, por más que a continuación contemple como medida extraordinaria la prórroga automática de las que se encuentren en vigor. 

Es cierto que el Gobierno precedente despreció las reglas de juego. Y no solo en lo que a la tramitación de los Presupuestos se refiere, como ha venido a recordar el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre la obvia necesidad de que los Ejecutivos en funciones también se sometan a control parlamentario. Pero este comportamiento no puede servir de excusa para que las malas prácticas se perpetúen, y menos por parte de un Gobierno surgido de una moción de censura cuyo objetivo expreso fue restablecer los usos democráticos imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema. Entre esos usos se encuentra, sin duda, que un partido condenado por corrupción en una sentencia judicial no siga ocupando el Ejecutivo, pero también que se cumplan los plazos constitucionales para aprobar las cuentas públicas.

Posponiendo hasta el mes de enero la presentación de los Presupuestos, el presidente Sánchez parece confiar en que la oposición parlamentaria y la opinión pública interpreten este trámite como una suerte de cuestión de confianza tras los adversos resultados cosechados por su partido en las elecciones andaluzas. Con ello puede eventualmente ganar tiempo y aliviar la presión para disolver las Cámaras, pero al coste de sumar malas prácticas adicionales a las que introdujo su predecesor. El presidente Sánchez no puede alegar su capacidad personal de resistencia, suficientemente acreditada, para poner a prueba la del sistema institucional, sobre todo cuando algunas de sus disposiciones no son observadas con rigor. El filibusterismo que emplea la oposición, así como la crispación a la que recurre y el desleal oportunismo desde el que aborda los problemas de Estado, tendrán efectos aún más perniciosos si este Gobierno se parapeta, como el anterior, en el ejercicio del poder más que en el escrupuloso cumplimiento de las reglas.

Los vaivenes a cuenta de los Presupuestos son solo la inane marejada detrás de la que las principales fuerzas políticas están ocultando las encrucijadas de fondo a las que se enfrenta el país. El Partido Popular y Ciudadanos no pueden seguir reprochando al Gobierno de Pedro Sánchez que se proponga aprobar los Presupuestos con el apoyo de fuerzas independentistas contrarias a la Constitución, porque ellos no descartan recurrir a un partido de extrema derecha para gobernar en Andalucía. Los grupos independentistas, por su parte, siguen sin reconocer ante sus propios electores las radicales diferencias con respecto a la posibilidad de apoyar los Presupuestos, escudándose ahora en la llamarada emocional de la huelga de hambre de algunos líderes presos para obtener un sucedáneo de unidad. El presidente Sánchez, por último, no descarta prolongar cuanto pueda la legislatura mediante ambigüedades acerca de los Presupuestos, a la espera del momento electoral más oportuno.

Desatendidos entre tanto por estas danzas de brujos, el sistema institucional prosigue su imparable deterioro y los problemas de los ciudadanos más golpeados por la crisis continúan en espera, mientras crece la sensación de impotencia y desafección.