Una crisis de la legitimidad política convertida en crisis humanitaria

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En octubre de 1998, el huracán Mitch asolaba Honduras. Esta emergencia dio la vuelta al mundo y despertó la solidaridad internacional para apoyar a las más de 1.400.000 personas damnificadas y a las familias de los más de 20.000 fallecidos o desaparecidos. Honduras ha vuelto a las portadas de los medios de todo el mundo 20 años después por otra noticia dramática. Más de 7.000 hondureños viajan desde hace semanas rumbo a la frontera norte de Estados Unidos, donde añoran alcanzar el sueño americano.

Es el sueño de un futuro mejor que es antagónico a la pesadilla que muchos viven en sus lugares de origen asfixiados por la violencia, la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades. Una caravana de migrantes conformada por mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades; estos últimos los más afectados por su exposición continua a las inclemencias del tiempo, el hambre, la sed y los riesgos diversos a su seguridad e integridad física y emocional.

En esta caravana de migrantes no solo hay personas procedentes de Honduras. Nicaragua, Guatemala y El Salvador también están presentes en lo que es, sin duda, una clara muestra de la crisis del Estado de derecho en Centroamérica. La crisis de la legitimidad política convertida en crisis humanitaria.

Si cuando llegaron a México fueron recibidos con la puerta cerrada y 400 policías, no esperan mejor suerte en Estados Unidos, donde Trump ya ha ordenado el despliegue de más de 5.000 soldados en la frontera con México y los ha autorizado para que abran fuego en caso de que los migrantes “lancen piedras”.

Las marchas por la dignidad, por la paz, por el derecho a la movilidad o por la aparición de desaparecidos tienen su origen en los años setenta y ochenta del siglo pasado, en la guerra civil que vivieron los países de Centroamérica, cuando miles de ciudadanos huyeron del conflicto y buscaron asilo y esperanza en México. También tienen su antecedente en los años noventa, cuando la crisis económica golpeó a la región, y nuevamente miles de personas vieron en México y Estados Unidos la posibilidad de lograr una vida mejor. Así, las caravanas se fueron conformando como una estrategia de supervivencia, de resistencia y, finalmente, como una potente herramienta política que se convierte en grito de auxilio que exige a los gobiernos y llama a la ciudadanía a reconocer, en este caso, el derecho a migrar, a la movilidad humana como algo inherente a la persona en su búsqueda de una vida digna.

Estamos ante una situación crítica que, en el caso de Honduras, amerita profundas reflexiones del quehacer de su clase política y del tipo de país que ambiciona

Esta caravana de migrantes pone en el centro de la discusión la descomposición del Estado de derecho, la crisis del modelo de cooperación, la indiferencia de nuestras sociedades ante la pobreza, la exclusión, la violencia y la desigualdad que hace que las personas migren de manera forzada y sin tejido legal y humano que las proteja.

Una caravana que también se enfrenta al fragor político. El presidente Trump acusa a los Gobiernos del triángulo norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— de no hacer lo necesario para impedir su avance, amenaza con cortar la ayuda que EE UU da a estos países y fomenta el discurso del odio asegurando que entre los migrantes viajan “muchos criminales y que suponen una amenaza”.

Estamos ante una situación crítica que, en el caso de Honduras, amerita profundas reflexiones del quehacer de su clase política y del tipo de país que ambiciona. Un país que, además del huracán Mitch, ha soportado la tormenta de un golpe de Estado en 2009, un tornado de crisis institucional por una polémica reelección presidencial en 2017 y ahora mismo vive un terremoto social debido a la pobreza, que convierte esta nación centroamericana en el segundo país más pobre de América Latina.

Es a partir de este escenario en el que organizaciones como Ayuda en Acción trabajamos para minimizar los problemas estructurales que detonan este tipo de crisis cíclicas, logrando reducir los factores de riesgo en el ámbito rural, donde vive alrededor del 50% de la población. Entre otras, iniciativas de desarrollo socioeconómicas para generar empleos y emprendimientos; acciones de género que faciliten a las mujeres jefas de hogar acceder a medios de vida acordes a su contexto y capacidades; la gestión de sistemas de protección de la niñez y sus derechos; y la puesta en marcha de acciones de energía renovable y agricultura resiliente en el Corredor Seco para reducir el embate del cambio climático que representa una de las grandes amenazas para Centroamérica y su gente.

Toda una región, la centroamericana, debe reencontrarse en una gobernanza compartida, gestionar mecanismos efectivos de transparencia, aumentar su capacidad de consensos —aun en el disenso— y, de manera imperiosa, recuperar la esperanza de un futuro mejor. Esa esperanza que nos permita soñar que el cambio es posible sumando las voluntades de un pueblo merecedor de un mejor destino.

Kermith Roberto Bussi y Marco Antonio Castillo son responsables de cooperación de Ayuda en Acción en Honduras y México.

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