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Despropósito

El gran perdedor de la crisis de las hipotecas es el Tribunal Supremo

Manifestantes protestan contra la decisión del Tribunal Supremo
Manifestantes protestan contra la decisión del Tribunal Supremo

La rápida reacción del Gobierno aprobando un decreto ley inmediato por el cual los ciudadanos no tendrán que pagar "nunca más" el impuesto de las hipotecas es acertada y soluciona en buena parte la inseguridad jurídica que habían provocado sentencias contradictorias del Tribunal Supremo. Pero lo que no logrará es frenar el despropósito que se ha infligido el alto tribunal no solo (o no principalmente) por el cambio de criterio jurídico (de pagar los clientes a pagar los bancos y nuevamente a pagar los clientes), sino por el tortuoso procedimiento para hacerlo, exhibido por su Sala de lo Contencioso-administrativo y, en particular por su presidente, Luis Díez Picazo.

Alguien debería tomar nota y asumir urgentes responsabilidades por una actuación que ha generado sospechas casi unánimes sobre la imparcialidad de una institución central del Estado, sin necesidad de que a nadie se le exija; tal es el daño causado. Y ello en una coyuntura en la que la exhibición de esa imparcialidad es más necesaria que nunca. La justicia no puede ser puesta en solfa so pena de quebrar el sistema de valores de que nos hemos dotado para convivir. Ni siquiera los bancos, los beneficiarios de la última decisión del Supremo —como ha quedado demostrado por sus subidas automáticas en las Bolsas tras hacerse público el fallo—, pueden estar enteramente satisfechos por la forma en que se ha roto el nudo gordiano del impuesto sobre actos jurídicos documentados, pues han quedado presentados como vencedores frente a la ciudadanía común, lo que afecta una vez más a su reputación, ya muy baja tras otras muchas sentencias anteriores y tras su actuación en la crisis económica de la última década.

Después de más de 15 horas de debate, el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo desautorizó por una exigua mayoría de 15 a 13 votos, que manifiesta una absoluta división de los magistrados, la sentencia del pasado 16 de octubre que obligaba a pagar el impuesto a los bancos, y no a los clientes como venía ocurriendo en las últimas décadas. Se pensaba que la convocatoria del pleno de la sala resolvería los interrogantes que habían quedado en la ambigüedad (sobre todo, si habría retroactividad, y los años de retroactividad que se aplicarían), pero no una desautorización frontal del criterio tomado.

Más allá de la casuística sobre el impuesto de los préstamos hipotecarios, que afecta a los ciudadanos, a la banca, a Hacienda y a las comunidades autónomas que lo administran, lo que queda es el terreno baldío en el que se sume el Tribunal Supremo ante la ciudadanía. En el peor de los casos por las dudas sobre su independencia, sus peleas internas y sobre las cesiones a la parte más fuerte de la disputa; en el mejor, por su incompetencia en el desarrollo de este dilema. La igualdad ante la justicia, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la fortaleza de las instituciones son fundamentos de la confianza en la calidad de la democracia de un país.

La asunción de responsabilidades sobre lo ocurrido ha de ser inmediata para cortar de raíz cualquier intento de extender las sospechas sobre el conjunto del sistema judicial, en unos momentos en que existen sectores interesados en la generalización de la sospecha.

Si así ocurriese, todos seríamos perdedores.

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