Momentazo populista
El descrédito de la Justicia, como el descrédito de la Corona, es miel para quienes buscan debilitar el sistema institucional español
El Gobierno ha actuado con rapidez mientras subía la cotización de la banca en la Bolsa y se hundía la cotización de la Justicia en la calle. El fallo del alto tribunal —un fallo terrible— ha proporcionado una oportunidad a Sánchez para recuperar la iniciativa política y exhibir músculo de justicia social "siempre en interés de la ciudadanía". El hervidero de las últimas horas requería esa reacción inmediata, aunque es poco probable que esto tenga un efecto balsámico. Sus socios de Podemos han olido sangre. Echenique, pirómano en jefe, tuiteaba con brocha gorda marca de la casa: "ayer vimos a la banca comprándose al Tribunal Supremo…". En un escenario propicio para la lógica de establishment vs la gente, se convoca a movilizarse ante el Tribunal Supremo. El Gobierno tiene motivos para temer que, una vez desatados los demonios, el aquelarre genere una inercia corrosiva. El descrédito de la Justicia cuando va a comenzar el juicio a los líderes del procés es muy peligroso.
Vaya por delante que este caldo de cultivo envenenado ha sido provocado por los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no por Pablo Iglesias o Quim Torra o Arnaldo Otegi. El alto tribunal ha caído bajo. No se trata de la solución técnica, sino el desastre escénico de la autorrefutación jurisprudencial de esa sala, a cuyos magistrados muchos juristas miran con recelo por su inclinación a actuar como semidioses. O se concluye que el primer fallo era arbitrario, o se concluye que el segundo ha sido tacticista. A partir de ahí, los mensajes emocionales han ahogado los discursos racionales. En definitiva es un momentazo populista. Iglesias, Otegi o Torra se han encontrado con viento de cola para lanzarse sin red. Iglesias calificaba esto como "una de las mayores humillaciones imaginables a nuestra democracia". Otegi aprovechaba la coincidencia del fallo del TEDH para proclamar que "España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático"; sí, Otegi, así están las cosas. Torra sacaba adjetivos hiperbólicos —"escándalo absoluto", "suprema injusticia"— para caricaturizar al Tribunal Supremo antes del juicio del 1-O. El nacionalpopulismo se ha encontrado con todo a favor para abrir la caja retórica de Pandora contra la credibilidad del sistema.
La reacción rápida del Gobierno con un real decreto para trasladar el pago a la banca no va a enfriar fácilmente la temperatura ambiente. A estas alturas quizá ya no serviría siquiera entregar la cabeza de Díez-Picazo, e incluso de Lesmes. Ha arraigado el imaginario del establishment contra la gente; de modo que devolver el debate a la racionalidad resultará difícil. La banca y los jueces son catalizadores de la ira muy combustibles. Poco importa que el impuesto, más allá de quien pague nominalmente, siempre tenderá a repercutir en el consumidor; o entender que la banca necesita reglas del juego claras o se frenará la inversión largoplacista en hipotecas, con lo que la gente sufriría para adquirir su vivienda (desde luego muy lejos de condiciones hipotecarias ventajosas, como la de Pablo Iglesias e Irene Montero para los 540.000 de su chalet) y ese endurecimiento castigaría a la construcción, clave en el PIB y el empleo. Ha prendido la indignación, tras la gestión desastrosa en el Tribunal Supremo, y por tanto un momentazo populista. El descrédito de la Justicia, como el descrédito de la Corona, es miel para quienes buscan debilitar el sistema institucional español.
Sobre la firma
