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Rectificar es denunciar

El cambio en el Código Penal ha de servir para evitar la impunidad de los abusadores

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, durante su encuentro en la Ciudad del Vaticano.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, durante su encuentro en la Ciudad del Vaticano. EFE

Pese a las recomendaciones del propio papa Francisco y la exigencia de las víctimas que se han atrevido a denunciar los abusos que sufrieron, la respuesta de la Iglesia católica en España está lejos de ser aceptable. La gravedad del asunto hacía inevitable que este fuera uno de los temas a tratar en la reunión que ayer mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Después de encubrir y ocultar durante años los casos que denunciaban las familias de los niños o las propias víctimas siendo ya adultas, no le ha quedado más remedio que reaccionar, pero lo ha hecho de manera defensiva, sin mostrar una clara conciencia de la gravedad del daño causado, ni voluntad creíble de enmienda. El Vaticano lo sabe, y por eso no ha dejado de señalar que la Iglesia española podría hacer mucho más para hacer justicia a las víctimas y prevenir nuevos casos.

La respuesta se ha limitado a crear una comisión para estudiar el problema cuya composición ha humillado de nuevo a las víctimas, pues está integrada únicamente por miembros de la Iglesia, algunos de los cuales han tenido un destacado protagonismo en el encubrimiento de los abusos. La ausencia de expertos psiquiátricos, seglares, mujeres y representantes de las propias víctimas indica que esta comisión es una mera cortina de humo para salir del paso. Sin un compromiso claro acompañado de hechos para destapar y aclarar los casos del pasado no es fácil creer que haya una voluntad sincera de erradicar el problema.

En este contexto, es una novedad importante el anuncio de que el Gobierno instará a la modificación del Código Penal para que los delitos de abusos a menores no prescriban. Es cierto que los actuales plazos de prescripción actúan como un elemento de impunidad. En estos momentos el delito de abusos a menores prescribe entre 5 y 15 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, lo que limita a los 33 años el tope para que una eventual denuncia tenga consecuencias penales. Como se ha visto en los escalofriantes testimonios publicados por este diario, los abusos sexuales a menores dejan secuelas indelebles de por vida y actúan de tal manera sobre la autoestima y la capacidad de respuesta de la víctima que en la mayoría de los casos no se atreven a denunciar hasta que han pasado muchos años. El delito prescribe mucho antes que el miedo y el bloqueo psicológico de las víctimas, y de eso se han beneficiado hasta ahora los abusadores. El cambio en el Código Penal ha de servir para evitar esa impunidad, aunque no debería llegar necesariamente hasta la no prescripción. En cualquier caso, ello no exime a la Iglesia de la obligación ineludible de poner en conocimiento de los tribunales los casos de los que haya tenido o tenga noticia.

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