Una reforma valiosa

La economía española necesita una reforma energética que abarate los costes de la energía para las empresas y para los consumidores y permita aumentar el peso de las energías renovables, más limpias y con un coste variable más bajo, en la producción eléctrica. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos contiene en uno de sus capítulos quince propuestas valiosas, con vocación de convertirse en leyes o decretos, para iniciar esa reforma que requiere consensos políticos difíciles de conseguir hoy. Las más importantes son dos. La primera es acabar o reducir los beneficios espurios del mercado eléctrico. Son los que se obtienen por la diferencia de costes de producciones amortizadas, como la nuclear o la hidráulica, con el precio marginal que paga la producción más cara. Esa diferencia, que hoy se embolsan las compañías, debería trasladarse a una rebaja del precio de la electricidad para los ciudadanos y contribuir a que haya menos pobreza energética. La segunda recomendación es garantizar por ley una retribución adecuada para la inversión en energías renovables, como la eólica o la solar. El compromiso del Gobierno con Europa es alcanzar el 32% de producción eléctrica renovable en 2030; para ello, sería necesario instalar entre 5.000 y 6.000 megavatios de potencia renovable cada año. Sin una retribución garantizada, no llegará la inversión necesaria.

Llevar a buen puerto esta reforma depende de condicionantes políticos que hoy no están en manos del Gobierno. Limitar los beneficios espurios en el mercado eléctrico es difícil. La norma tiene que estar integrada en una ley; si no lo está, las eléctricas, que se oponen, reclamarían con fundamento en los tribunales. Las ideas del documento, debatidas y negociadas, son la mejor solución para poner fin a la escalada del precio de la luz y el peso excesivo de los costes energéticos en la competitividad de los productos españoles. Si la economía española quiere ganar en competitividad, esta es una de las vías para conseguirlo.