COLUMNA
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El supergobierno

La politización de las instituciones lleva también a la inacción legislativa

La administradora provisional única de la corporación RTVE, Rosa María Mateo ,junto a Alicia Piquer Sancho, secretaria primera de la Comisión Mixta Control Parlamento de la Corporación RTVE,
La administradora provisional única de la corporación RTVE, Rosa María Mateo ,junto a Alicia Piquer Sancho, secretaria primera de la Comisión Mixta Control Parlamento de la Corporación RTVE, VÍCTOR LERENA / EFE

Imagina que eres un biólogo analizando el mar. ¿Mirarías solo la superficie del agua? Pues es lo que hacemos los comentaristas de la cosa pública. Nos quedamos contemplando las tempestades, o las calmas, de la política, superflua capa de ese enorme océano que es el Gobierno. La ingente Administración pública —y la vasta fauna de organismos que, exhibiendo todo tipo de formas jurídicas, habitan las profundidades del sector público— están fuera de nuestro radar.

Así, cometemos errores de apreciación, como afirmar que tenemos Gobiernos débiles. Cierto, con la irrupción de nuevos partidos, cuesta más sostener a los ejecutivos (centrales, autonómicos o locales), y aprobar leyes y presupuestos. Pero es un inconveniente pasajero. Los partidos acaban ajustando sus estrategias a un espacio multipartidista. Y, si intentamos subsanar la impotencia legislativa reforzando a los ejecutivos, con la elección directa de alcaldes o reformas electorales que favorezcan al primer partido, acentuaremos nuestro auténtico problema: los Gobiernos demasiado fuertes.

Los ejecutivos de los países mejor gobernados del mundo no controlan el día a día de sus Administraciones, gestionadas por directivos independientes. En España están bajo las riendas, y el látigo, del Gobierno de turno. Esta dependencia política alcanza incluso a las agencias que deberían permanecer inmaculadamente neutras, como el CIS o los medios de comunicación. La mano de nuestros ejecutivos se mete en la cocina de las encuestas o las noticias.

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En este sentido, no tenemos unas instituciones poco democráticas, sino excesivamente democráticas. Los entes públicos que en otras naciones son autónomos y, a la vez, responsables de sus acciones, aquí hacen lo que el Gobierno salido de las urnas les dicta. Eso les hace, de facto, irresponsables. Ante las críticas, siempre pueden echar balones fuera, argumentando que sólo siguen órdenes. La politización de las instituciones lleva también a la inacción legislativa. En otros países, los partidos ambicionan, sobre todo, poner en marcha sus políticas, con lo que intercambian cromos con el partido gobernante. Pero, aquí, el botín de nombramientos a dedo es tan gigantesco que los partidos de la oposición anteponen tumbar el Gobierno (y ponerse ellos) a conseguir avances en políticas.

La solución es tan clara como políticamente difícil: hay que enterrar ese tesoro. @VictorLapuente

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