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Propagandistas del poder

Quienes intervenimos en los medios de comunicación tenemos la obligación de desmontar las mentiras. Pero creo que no hacemos bien nuestro trabajo.

NO SOY PERIODISTA, pero entiendo que, en una democracia, una de las funciones fundamentales de los periodistas —y de aquellos que gozamos del privilegio de intervenir en los medios e incurrimos en la temeridad de hacerlo— consiste en fiscalizar el poder, es decir, en desmontar sus mentiras y en confrontar con los hechos de la realidad su relato de la realidad (o, si lo prefieren, su propaganda). Y últimamente me pregunto si, en España, hacemos bien nuestro trabajo. Y me respondo que no.

No soy periodista, pero entiendo que, en una democracia, una de las funciones fundamentales de los periodistas consiste en fiscalizar el poder

Pongo un par de ejemplos sacados del asunto catalán; no porque los políticos separatistas sean los únicos que mienten, sino porque han convertido la mentira en su principal instrumento político. Cuando un dirigente separatista es entrevistado, suele decir cosas como ésta: “Lo único que queremos es poder ejercer el derecho de autodeterminación, un derecho democrático reconocido por la ONU”. Y, a continuación, el periodista pasa a la siguiente pregunta. Todavía estoy esperando que, ante semejante afirmación, el periodista diga: “Discúlpeme, señor X: lo que usted está diciendo es falso. Según la ONU —según el derecho internacional—, los catalanes hace 40 años que ejercemos ese derecho, puesto que vivimos en una democracia y elegimos a nuestros representantes políticos. Y si usted se refiere al derecho de autodeterminación entendido como derecho de secesión, entonces también es falso lo que dice, porque, según la ONU, sólo es legítimo ejercer ese derecho en casos de colonización, violación de los derechos humanos o guerra, lo que explica que no lo reconozca ninguna Constitución democrática del mundo. Ninguna”. Eso es lo que debería hacer un periodista: no aceptar la mentira del político ni permitir así que su medio la difunda, sino desenmascararla. ¿Cuántas veces han visto ustedes hacer tal cosa en España? He puesto un ejemplo flagrante; añado otro que lo es menos. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, que yo celebro, se ha impuesto en ciertos medios afines la idea de que hay un cambio sustancial de política respecto a Cataluña, de que ha acabado la “judicialización de la política” y de que, gracias a la reanudación del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, por fin va a darse “una respuesta política a un problema político”. Ese relato contiene una parte de verdad, que yo vuelvo a celebrar, pero, como las grandes mentiras se fabrican con pequeñas verdades, en lo esencial es falso. Primero, porque, por mucho que Sánchez no quiera recurrir a la justicia, no tendrá más remedio que hacerlo en cuanto el separatismo se salte la ley (en realidad, ya lo hizo a principios de julio, al recurrir al Constitucional una declaración de soberanía del Parlament); la única diferencia es que, ahora, los separatistas no se saltan la ley con la misma frecuencia con que lo hacían antes. Y, en cuanto al diálogo, es verdad que Sánchez se ha reunido con Torra y ha reactivado la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, paralizada desde hacía siete años, pero no es menos verdad que Rajoy se entrevistó varias veces con Mas y con Puigdemont y, sobre todo, que hizo algo que ningún presidente democrático ha hecho, y es abrirle durante semanas un despacho en Barcelona a su vicepresidenta, a quien sólo le faltó ponerse de rodillas y sollozando en la plaza de Cataluña rogando que algún responsable de la Generalitat se dignase hablar con ella: ninguno lo hizo. Rajoy cometió muchos errores en su gestión del asunto catalán, pero, en general, Sánchez no está haciendo ni va a poder hacer una política muy distinta a la suya, y la prueba es que, en la oposición, apoyó siempre a Rajoy, como debía hacer, para defender la democracia de un ataque a la democracia disfrazado de democracia radical.

Lo repito: quienes intervenimos en los medios tenemos la obligación de desmontar las mentiras del poder —de cualquier poder, empezando por aquel al que más afines somos— y confrontar con los hechos de la realidad su relato de la realidad. De lo contrario, si permitimos que el poder nos use para difundir sus mentiras, dejamos de ser fiscalizadores del poder y nos convertimos en sus propagandistas. Que es lo peor que podemos ser.