Competir limpiamente

La multa de 4.343 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google y a su matriz, Alphabet, por prácticas contrarias a la competencia es la más alta que ha recibido una empresa por actuaciones monopolísticas. No es la primera vez que el gigante tecnológico se ve las caras con Bruselas por no respetar las normas comunitarias. Hace un año recibió otra sanción (2.424 millones) por frustrar la competencia en el mercado de las búsquedas en Internet. La investigación determinó entonces que el sistema de comparación de precios de Google Shopping no era neutro sino que favorecía a sus servicios y desplazaba a lugares menos visibles a sus rivales.

Ahora, Bruselas castiga a Google por abusar de su posición de dominio a través de Android, su sistema operativo para teléfonos móviles y tabletas, que es utilizado prácticamente por toda la industria, a excepción de Apple. El Ejecutivo comunitario estima que Google ha impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos y operadores de redes móviles al exigirles que configuren su motor de búsqueda como predeterminado y que además preinstalen el navegador Chrome.

Una sanción tan astronómica se justifica por el perjuicio ocasionado a marcas como Microsoft, Nokia y Oracle, integrantes de la coalición de empresas y entidades que interpusieron una queja a la Comisión Europea en 2015. Tan elevado castigo económico a Google viene a recordar que la economía digital no puede operar al margen de las normativas de la economía convencional. El ecosistema online requiere grandes dosis de innovación, pero siempre dentro de parámetros legales. El gigante de Internet defiende que Android ha creado más capacidad de elección para todos, no menos. Y, como no podía ser de otra manera, ha anunciado que recurrirá la sanción.

En un mundo globalizado, en el que las empresas, las administraciones y los ciudadanos están cada vez más digitalizados, la opción de elegir entre un amplio abanico de ofertas favorece el desarrollo y potencia la innovación. Las empresas tecnológicas han desempeñado un papel clave en la modernización de las comunicaciones personales y en el impulso del comercio online, pero caer en manos de un puñado de multinacionales que intentan operar con ventajas ilegales frena el avance de la economía digital y perjudica a los consumidores.

Desde hace casi una década, Google ha estado bajo la lupa de la Comisión Europea, que actualmente investiga a la tecnológica por su servicio AdSense, una herramienta para colocar anuncios publicitarios en Internet. Si los colosos del sector (Google, Microsoft, Facebook, Apple) quieren hacer negocio a este lado del Atlántico, es una exigencia irrenunciable que respeten las normas de la UE. La competencia es una regla de oro y ninguna empresa puede abusar de su posición o saltarse a la torera las leyes del libre mercado. La Comisión Europea tiene la obligación de velar por el cumplimiento de estos principios y de salvaguardar los derechos de 500 millones de usuarios.