Una empresa puede obtener la concesión de una tierra en un mes; un indígena, en cinco años (o nunca)
Dos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus territorios son posibles con apoyo de terceros, como la cooperación financiera internacional
Cada año son asesinados más líderes indígenas que defienden su derecho a la tierra. Un informe reciente sobre la posesión y titulación de terrenos en 15 países alerta de que ha aumentado la violencia en disputas por este motivo y señala que cuando las comunidades intentan formalizar sus derechos y obtener un documento oficial que reconozca su propiedad, el proceso es más complejo y lento que para las empresas privadas.
El estudio La lucha por los derechos a la tierra, realizado por World Resources Institute (WRI) con el apoyo de cinco instituciones, indica que las comunidades indígenas poseen formalmente el 10% de la tierra en el mundo, pero un porcentaje menor “está registrado y titulado”, y los acuerdos consuetudinarios que antes protegían la tierra de posesión colectiva se han debilitado. Como consecuencia, al perder sus territorios, las comunidades también pierden sus medios de vida, sus casas y su herencia cultural.
La investigación sobre los procedimientos de formalización de tierra comunitaria eligió cinco países en África y el mismo número en América Latina y en Asia. Durante la presentación del informe este domingo pasado en Lima, la abogada Laura Notess apuntó que “el tiempo de concesión de las tierras puede ser de 30 días a cinco años para las empresas y de cuatro a más de 25 años para las comunidades”. Tanzania es el país con el menor plazo para la formalización y adquisición de la tierra, donde puede tomar menos de cuatro años, mientras que en Perú y Guyana, las comunidades pueden esperar de 24 a 29 años.
Al perder sus territorios, las comunidades también pierden sus medios de vida, sus casas y su herencia cultural
Los resultados de WRI coinciden con un informe presentado a fines de junio por Forest Peoples Programme (FPP) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización que representa a las comunidades de la Amazonia. Este señala que el Estado peruano “incumple los compromisos de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas” asumidos en 2011 como parte de su estrategia nacional de conservación de bosques y cambio climático.
Ambos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus tierras son posibles con apoyo de terceros, como la cooperación financiera internacional.
Colisión de prioridades
En la Amazonia peruana, están pendientes la titulación y demarcación de aproximadamente 20 millones de hectáreas que corresponden a más de 1.300 comunidades indígenas, según Aidesep. Según la información recabada por WRI, en Perú unas 6.500 comunidades poseen 36,3 millones de hectáreas registradas y documentadas, pero otras 4.000 tienen trámites pendientes por otros 34,9 millones de hectáreas.
El Gobierno se comprometió a titular unos cinco millones de hectáreas de tierras indígenas con 20 millones de dólares (17,1 millones de euros) en fondos procedentes de Noruega, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial.
En la Amazonía peruana están pendientes la titulación y demarcación de aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras que corresponden a más de 1.300 comunidades indígenas
En diciembre de 2015, poco después de la Cumbre del Clima celebrada en Lima, Noruega hizo un primer desembolso de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros), sin embargo, el apoyo económico no garantiza que las tierras de las comunidades puedan ser reconocidas por el Ministerio de Agricultura. "En la práctica, el cambio es lento y contradictorio y estas iniciativas corren el riesgo de ser socavadas por obstáculos y lentitudes burocráticas", sostuvo Lizardo Cauper de Aidesep en el lanzamiento del informe Carrera de resistencia, no de velocidad. El papel del financiamiento climático internacional para asegurar los derechos territoriales indígenas en Perú.
Antonio Collantes, jefe de la oficina de comunidades nativas del Gobierno Regional de Ucayali, explica que, en 2015, gracias a la cooperación noruega, en esa región amazónica empezaron los trámites para titular a 53 comunidades que ocupan unas 320.000 hectáreas, pero han encontrado trabas. 29 comunidades han sido afectadas por la Dirección Forestal y de Fauna y el Servicio Nacional Forestal que han entregado concesiones, por lo tanto, las gestiones están detenidas. “Si no fuera por la cooperación (extranjera) no habría fondos para titular: hemos encontrado más de 100 solicitudes de titulación que esperan hace más de 20 años. Al final, vamos a poder hacerlo con 38 comunidades en 103.000 hectáreas: el territorio se ha reducido a la tercera parte”, añadió Collantes.
Lo que describe Collantes es también parte del diagnóstico de WRI, cuyo estudio indica que para “formalizar su tierra, muchas comunidades deben aceptar derechos restringidos, nuevos riesgos o menos tierra”. De los 19 procedimientos de formalización que evaluaron en los 15 países, excepto en un caso, “los funcionarios de Gobierno imponen topes arbitrarios para el tamaño de la tierra otorgada a las comunidades”.
El caso de Santa Rosa de Uchunya
En los últimos cinco años, Ucayali se ha convertido en una de las regiones más peligrosas para los líderes de las comunidades que defienden sus territorios, invadidos por concesionarios de extracción de madera y de palma aceitera. La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) informó de que el líder de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos, y su hermano Benjamín fueron atacados el 7 de julio con armas de fuego mientras inspeccionaban un camino abierto por personas desconocidas.
“Fueron a verificar el lindero de su comunidad y encontraron un nuevo camino abierto por más de mil metros. Al regreso por la trocha abierta, fueron interceptados por tres sujetos desconocidos”, reportó Feconau en un comunicado el 12 de julio.
En enero, la comunidad logró que una orden judicial suspendiera las actividades de tala y deforestación de la empresa de aceite de palma Plantaciones de Pucallpa SAC. Días después, personas encapuchadas entraron a viviendas de la comunidad con armas de fuego.
“El 5 de enero, dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad. Interrogaron a su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era miembro de la comunidad. Cuando lo negó, le mostraron una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque estaban dispuestos a matar”, relató un comunicado firmado en febrero por 38 instituciones civiles nacionales e internacionales.
“Al mismo tiempo, nuestros trámites de titulación de la tierra vienen siendo frenados desde hace años, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo”, señaló Carlos Hoyos en Lima en la presentación del estudio de WRI el 11 de julio.
Soluciones
El informe del WRI plantea que los Gobiernos establezcan e implementen reglas claras de formalización de tierra comunitaria, apliquen mecanismos de resolución de conflictos y promuevan la comunicación entre los ministerios involucrados en los trámites de formalización y en los que toman decisiones sobre las concesiones de alto valor.
Además, recomienda que las autoridades garanticen que ciertas clases de tierra, como los bosques y las zonas no ocupadas se incluyan en la formalización y otorguen a las comunidades derechos plenos sobre los recursos naturales en sus tierras.
Otra sugerencia es que los Gobiernos no asignen concesiones de recursos naturales a privados en tierras comunitarias, mientras haya solicitudes pendientes de certificados de tierra o títulos de propiedad comunitaria.
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