Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Madrid decidirá si multa a proxenetas y clientes antes de final de año

Los socialistas reactivan el debate sobre el abolicionismo

Beyoncé, miembro del colectivo Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo).
Beyoncé, miembro del colectivo Afemtras (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo).

Las prostitutas y colectivos a favor del trabajo sexual están en pie de guerra. El Ayuntamiento de Madrid debatirá durante los próximos meses una ordenanza que sancionará a proxenetas y clientes y “se votará antes de que acabe 2018”, asegura la impulsora de la ordenanza y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié. No será fácil. En junio, el PSC de Barcelona propuso una iniciativa similar, que fue tumbada. El debate está en plena efervescencia y las posturas más arraigadas entre políticos, colectivos o prostitutas se dividen entre abolicionistas o reguladoras.

No son los únicos municipios que lo han intentado. En Málaga sigue vigente una ordenanza aprobada en 2013 que prohíbe ofrecer servicios sexuales en la vía pública y, en Sevilla, se aprobaron más sanciones para clientes en 2017. Además, las trabajadoras sexuales se enfrentan en toda España  a multas de 600 euros por exhibicionismo u ocupación de la vía pública, debido a la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza).

Ninfa, trabajadora sexual del polígono de Villaverde (Madrid) y miembro de la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (Afemtras), formada por aproximadamente 100 prostitutas que trabajan en la zona, exige el cese de "la persecución" contra las prostitutas. “Estamos en una situación de indefensión total. Solo reivindicamos un sitio para trabajar donde no molestar y no ser molestadas”, señala.

Sanciones de la nueva ordenanza de Madrid

  • Infracciones leves: de 500 a 750,00 euros.
  • Infracciones graves: de 750,01 a 1.500,00 euros.
  • Infracciones muy graves: de 1.500,01 a 3.000 euros.
  • Demanda de servicios sexuales en la vía pública: 750 euros.

Además de la Ley Mordaza, el último intento de aprobar una ordenanza para prohibir la prostitución fue el pasado mayo en Barcelona. El PSC propuso centrar la lucha en la sanción a proxenetas y clientes. También quería prohibir la publicidad que trata el cuerpo de la mujer como un objeto puramente sexual, pero Barcelona en Comú y ERC votaron en contra de la ordenanza y no salió adelante a pesar de los apoyos del PDeCat y del PP.

De todas formas el PSC no se rinde. “Estamos elaborando un texto de ordenanza nuevo porque vamos a seguir intentando prohibir la prostitución” afirma Carmen Andrés, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Barcelona. En el PSOE la voz del abolicionismo es mayoritaria. La portavoz de igualdad socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, asegura que quieren ir más allá: “Queremos legislar para que en el Código Penal el proxenetismo quede prohibido en cualquiera de sus circunstancias”. Oficialmente ya es una práctica ilegal, “pero ahora solo se condena cuando las circunstancias son muy gravosas”, explica.

El último informe sobre explotación sexual y prostitución que publicó en 2013 el Parlamento Europeo asegura que “la prostitución tiene una dimensión mundial e implica entre 40 y 42 millones de personas, el 90 % de las cuales depende de un proxeneta”. Una cifra que reconocen aproximada, al ser una actividad ilícita.

Las cifras tampoco están claras en España. El Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad afirmaba en 2016 que hay 45.000 personas en España ejerciendo la prostitución. Pero el jefe de la unidad de investigación contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Barcelona, el capitán José Ángel Giró, aseguraba que eran 350.000.

Asociaciones como Hetaira confirman que es imposible conocer esa cifra por la alegalidad de la prostitución en España. Esta agrupación lleva más de 20 años luchando por la defensa de las trabajadoras sexuales y Cristina Garaizábal, cofundadora de la asociación y psicóloga experta en temas de género, explica que el principal problema de las trabajadoras sexuales que ejercen libremente es la explotación laboral, no sexual y cree necesario que la prostitución se reconozca como un trabajo. Sin embargo, Lola Maraver, coordinadora de Madrid de la Fundación Cruz Blanca que lucha contra la venta de servicios sexuales y la trata de personas, señala que el abolicionismo es la única solución porque “la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres sea el caso que sea”.

Sara tiene 24 años y trabaja en un piso del centro de Madrid desde hace cuatro años. Gana un mínimo de 400 euros diarios, en un turno de ocho horas de lunes a viernes y no está de acuerdo con la regulación de la prostitución por motivos fiscales: “No me gustaría que se regulase porque Hacienda se llevaría mucho del dinero que gano”, cuenta.

María, sin embargo, no dispone de un lugar para ejercer. Tiene 25 años y se anuncia en páginas web desde hace cinco, y acude a hoteles de Madrid a prestar sus servicios. Coincide con la opinión de Sara: “Ojalá yo fuera tan legal como para darme de alta en la seguridad social sabiendo que en negro cobraría mucho más”. Sin embargo, Judith, tiene más de 40 y trabaja entre la calle del Barco y la calle de la Ballesta, (en Malasaña, Madrid): “Si me pongo mala, no como. Tener seguridad social y derecho a una pensión sería una salvación”.

La veterana activista feminista experta en género y cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero, hace hincapié en la variedad de situaciones que enfrentan las trabajadoras sexuales como María, Sara y Judith. Ella aboga por permitir la prostitución si se ejerce libremente. El problema, señala, es que "este tipo de ordenanzas ponen el foco en el plano ideológico y no entran en profundidad en la complejidad de la prostitución”.

El caso de Judith, que trabaja en la calle, es el más habitual en España, según Teresa Navazo, experta en prostitución trans y voluntaria en Imaginamás (organización que ayuda a reducir la discriminación y apoya la libre decisión de ser trabajadora sexual). La experta asegura que a principios de los 2000 se ganaba mucho dinero ejerciendo la prostitución, pero que ahora la gente lo hace por sobrevivir. Además, la nueva ordenanza perjudicaría a las prostitutas que ejercen en la calle, porque si se persigue al consumidor, “negociarán los precios más rápido para que no se sancione al cliente y eso afectaría la capacidad de negociación de la prostituta”.

En eso coinciden todas las asociaciones proderecho a ejercer la prostitución: al final la más perjudicada es siempre la mujer. 

Más información