Denunciados un millar de prostitutas y clientes tras un año de ‘ley mordaza’
Las infracciones van desde la “exhibición obscena” a la desobediencia a la autoridad
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han denunciado a 999 prostitutas y clientes desde que hace un año entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Madrid acapara la mitad de estas denuncias por la colonia Marconi, donde ejercen unas 400 mujeres. Sin embargo, la cifra real de denuncias que atañe a la prostitución -una actividad alegal- supera ese millar porque Interior registró 17.367 infracciones administrativas por desobediencia a la autoridad, algunas de las cuales fueron impuestas a meretrices. Pero el ministerio no desglosa el número de multas vinculadas a la prostitución.
Entre la corriente abolicionista de países como Suecia y Francia y la legalista que apuesta por regular la prostitución en Holanda, Dinamarca o Alemania, el Gobierno se acercó con la ley mordaza a los primeros, aunque al ralentí y con la excusa de que muchas ciudades ya regulaban esta actividad. Pero mientras que el llamado modelo nórdico opta por estrechar el cerco sobre los clientes porque considera víctimas a las mujeres, España sanciona por igual a clientes y meretrices hasta con 600 euros. El primer problema de esta norma es que aumenta la marginalidad, que desprotege a las prostitutas, más vulnerables ante clientes y mafias cuanto más aisladas, y que siempre pierden en la negociación con el usuario, cada vez más apresurada, sobre las medidas de protección, las tarifas y los servicios.
Durante este año de vigencia de la ley, la policía y la Guardia Civil han multado a 632 “demandantes de servicios sexuales retribuidos” por situarse cerca de colegios y parques infantiles o por poner en riesgo la seguridad vial, y a 367 prostitutas por “actos de exhibición obscena”. En paralelo a estas cifras figura el grueso de denuncias por desobediencia o resistencia a la autoridad (17.367), utilizado por los agentes para penalizar a las meretrices cuando estas no obedecen sus órdenes, por muy arbitrarias que estas sean, según censuran los colectivos en defensa de las trabajadoras del sexo.
Hasta julio de 2015 la prostitución era una actividad solo regulada por las normativas municipales, siempre polémicas por las reacciones encontradas que genera entre los vecinos, usuarios y prostitutas. El Gobierno incluyó en la polémica ley mordaza tres artículos (36.6, 36.11 y 37.5) que pueden regular la prostitución en caso de conflictos graves. Sin embargo, el uso ha sido muy desigual y mientras que Madrid acumula 499 denuncias, Valencia 180 y Andalucía 97, otras comunidades como Cataluña presentan dos denuncias y País Vasco y La Rioja ninguna propuesta de sanción. Por el contrario, Andalucía registra 4.589 denuncias por desobediencia a la autoridad y Madrid 2.156, entre las cuales figuran prostitutas como denunciadas.
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, María Luisa Maqueda, es muy crítica con los efectos de la norma. “La ley es canalla, es un avance brutal del Estado más autoritario. Una estrategia perfectamente trazada que no repara en el daño e indefensión de las trabajadoras del sexo. El efecto es la clandestinidad y que estén muy acosadas. Presentan problemas con la custodia de los niños, pero sobre todo de defensa contra los clientes”.
Mientras, fuentes de Interior destacan que durante la tramitación de la ley se reunieron con diversos colectivos como la asociación de vecinos afectada por la colonia Marconi de la capital y la asociación contra la explotación sexual Apramp, y que “se tuvo en cuenta sus sugerencias”. Apramp acudió en 2014 como representante de la Red Española contra la Trata de Personas, para solicitar a Interior que retirara del entonces anteproyecto de ley “toda mención al ejercicio de la prostitución”, según refleja el documento con sus aportaciones, remitido al Ministerio de Justicia en marzo de 2014.
Clarisa Velocci, portavoz de la asociación Genera, con sede en Barcelona, censura que las sanciones hayan afectado a las prostitutas. “La ley se explicó de manera capciosa y perversa diciendo que se multaría a los clientes. Y eso no es cierto. De hecho se criminaliza una vez más a las mujeres. Son soluciones simplistas para situaciones complejas”. Velocci ve la norma “poco ética e inverosímil” en un Estado de Derecho. “A víctimas de trata el Estado puede multarlas. No solo no las apoya, sino que vulnera sus derechos. La pregunta es clara: ¿Qué derecho tiene un policía a decirle a una persona que no esté parada en un sitio? Hay policías que han multado a mujeres en pijama que bajaban al locutorio”, comenta con asombro.
Desde el colectivo Hetaira en Madrid, su portavoz Elisa Arenas hace hincapié en el efecto perjudicial que supone acercarse a la marginalidad: “Enviar a las trabajadoras del sexo a que se vayan a lugares más lejanos aumenta la posibilidad de agresiones, que aparezcan chulos y mafias. Aquellas mujeres que trabajan coaccionadas no ven en la policía un aliado para denunciar”. Arenas censura los “mensajes contradictorios” tras el anuncio de que la multa sería para el cliente y ahora las mujeres están siendo “castigadas”. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, les anunció que las multas para prostitutas no prosperarían, según Arenas, una promesa incumplida a tenor de los hechos.
Ignacio Pardo, del colectivo Cats en Murcia, incide en las críticas: "Es la trampa de la ley mordaza, que dijo que no iba a ir contra la prostituta, la mayoría de denuncias son por desacato a la autoridad. Criminaliza a la trabajadora del sexo tanto o más que al cliente".
De momento las denuncias se circunscriben a la vía administrativa. En 2012 la Policía Local de Málaga denunció a una prostituta por desobediencia tras ser advertida dos veces de que estaba infringiendo la ordenanza de convivencia de la ciudad andaluza. Sin embargo, la Audiencia de Málaga anuló la multa de 60 euros que le había impuesto un juez porque la mujer no había desobedecido a la autoridad, sino que sencillamente había incumplido una orden relacionada con una ordenanza municipal.
Cada ciudad regula con sus normas
Desde que Barcelona inició las ordenanzas municipales sobre prostitución en 2006, muchas otras ciudades copiaron su modelo con pequeñas modificaciones. Entre los gobiernos regionales, en 2012 la Generalitat, a través de su entonces consejero de Interior, Felip Puig, buscó un subterfugio para multar a mujeres y a clientes que negociaban o practicaban servicios sexuales en la calle. Modificó la ley de carreteras, y alegó que la prostitución en los arcenes podía suponer un peligro. Con esos argumentos, los Mossos d'Esquadra impusieron ese año 252 sanciones. Pero la cifra se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta el punto de que el dispositivo bautizado como arcén, que tenía el objetivo de que las mujeres se fuesen de las carreteras catalanas, ha dejado de ser una prioridad. Tanto es así, que hoy el Gobierno catalán no facilita los datos de multas, que considera residuales. Además, el departamento no logró cobrar casi ninguna de las sanciones, solo las pocas que se impusieron a los clientes. En esta región, uno de los primeros municipios en multar a prostitutas y clientes fue La Jonquera (Girona), pero finalmente dejaron de multar porque no resultaba efectivo: ni se cobraban las multas ni se iban las mujeres.
En Barcelona también existe una norma municipal para sancionar la prostitución en la calle. “Barajamos quitar los dos artículos de la ordenanza de civismo que permiten multar a las mujeres y a los clientes”, cuenta Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI. La edil considera que la medida perjudica la situación socioeconómica de las mujeres, que se ven atadas a una deuda que no pueden pagar e incluso sometidas a chantajes de los clientes. Además, añade, no se reduce la cifra de prostitutas en la calle, precariza su trabajo y puede suponer un atentado contra los derechos humanos cuando, sin saberlo, los agentes multan a víctimas de tráfico de seres humanos que están siendo explotadas. Por todo ello, multar el intercambio de servicios sexuales en la calle ha dejado de ser una prioridad de la Guardia Urbana.
En Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2010 el Plan de Acción Integral para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. El texto fija multas de hasta 3.000 euros a las personas que soliciten, negocien o acepten, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en espacios situados a menos de doscientos metros de centros docentes o educativos u otros con afluencia de menores, y se incluyen también lugares con una importante influencia de público o espacios vulnerables como escasez de iluminación, vías de circulación, o puntos de difícil huida. Una política sancionadora dirigida exclusivamente a los clientes.
En Granada, la normativa incluye infracciones leves, de hasta 750 euros, a aquella persona que solicite, negocie o acepte servicios sexuales retribuidos fuera de zonas residenciales, centros educativos y comerciales. Una multa que puede llegar a ser muy grave si esta actividad se realiza a menos de 200 metros de este perímetro marcado. La implantación del régimen sancionador se limitó en 2014 a una recaudación que no superó los 500 euros.
En Málaga, las normas relativas a la de convivencia se enmarcan igualmente en una ordenanza cívica aprobada en 2015 en la que se prohíbe la realización de prácticas sexuales a una distancia inferior a 200 metros de zonas habitadas. Se considera falta leve la aceptación de servicios sexuales en vía pública (sanción de hasta 750 euros) y se tipifica como grave la solicitud o demanda de servicios sexuales retribuidos (sanción de 750 a 1.500 euros).
Por último, el Ayuntamiento de Algeciras aprobó en 2013 una ordenanza que persigue al cliente que contrata estos servicios en la calle, con multas que van de los 700 a los 1.500 euros. Además, establece zonas sensibles en parques o edificios públicos, donde las multas llegan al máximo.
Con información de Rebeca Carranco, Jesús A. Cañas y Ángeles Lucas.
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