‘Ley Mordaza’: hablan las primeras prostitutas multadas

“En una noche un solo agente nos multó a 30 compañeras basándose en la Ley Mordaza”, afirma Carmina, una prostituta de 35 años. “El policía me dijo que tenía que volver a la comisaría con 50 actas levantadas”, sostiene la mujer, que trabaja habitualmente en el polígono de Marconi, en el distrito madrileño de Villaverde: “Cuando llegó nos dijo que ya tenía 27, y allí nos multó a tres más”.

La mujer se abanica, un poco tensa. Afirma que le gustaría poder hablar sin un nombre inventado y mostrando su rostro, pero afirma que tiene miedo: “Hasta ahora había presión, aunque no habíamos recibido multas hasta la aplicación de la Ley Mordaza”, explica Carmina. Esta mujer ejerce la prostitución para mantener a su madre y a sus sobrinos. En el acta figura que está denunciada por una falta de obstrucción de la vía pública, aunque ella defiende que estaba en un solar, y que el agente la sacó a la calzada para pedirle la documentación. Este documento no señala cuál será la cantidad que la Delegación del Gobierno demandará a Carmina. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, la falta está penada con entre 100 y 600 euros.

La prostituta critica que fue tratada con vejaciones por parte de un agente de la Brigada de Extranjería: “A una compañera llegó a decirle literalmente que si esto no le gustaba se fuera a su puto país”. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid indica que no les consta que haya un repunte de multas, aunque no se puede verificar hasta la publicación del informe de faltas la Delegación del Gobierno que, según el agente, tardará unos meses. También señala que si las mujeres han recibido vejaciones deberían denunciarlo en comisaría.

“Estas multas empeoran sus condiciones de vida. Tienen que buscar otro sitio, se alejan más de la ciudad y es mucho más peligroso para ellas”, afirma Silvia García, de 36 años, trabajadora social del Colectivo Hetaira. Esta asociación da apoyo a estas mujeres en los problemas cotidianos en el ejercicio de su trabajo como dar asesoría jurídica o mediar conflictos con comerciantes y vecinos. La meta de este colectivo es que ellas se organicen por sí mismas. “La Ley de Seguridad Ciudadana está regulando la prostitución de manera soslayada mediante la criminalización”, critica la trabajadora social.

“No somos víctimas. Somos, hablando coloquialmente, putas libres”, afirma Lucía —también es un nombre ficticio— de 40 años. Esta prostituta asegura que en el polígono de Marconi el 90% de las trabajadoras sexuales no están controladas por ninguna mafia y trabajan por voluntad propia. “Trata y prostitución no es lo mismo. El que equipara ambas cosas consigue invisibilizarnos”, añade Lucía, que es puntualizada por su compañera Sonia, de 34 años: “Nosotras pertenecemos al oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución, no la trata de personas”.

No somos víctimas. Somos, hablando coloquialmente, putas libres”

Lucía, prostituta

Las prostitutas libres de Marconi reclaman la legalización del trabajo sexual y la eliminación de los estigmas que pesan sobre sus vidas cotidianas. “La situación de ahora nos permite tener el negocio pero no que tengas clientes. Nos hemos visto severamente afectadas por nuestras multas y las de nuestros clientes”, protesta Lucía. Estas mujeres demandan un lugar donde puedan trabajar sin molestar a nadie y en el que no sean molestadas. “Los clientes suelen ser muy respetuosos con nosotras, si hay algún malcriado nos negamos a ir con él, somos libres. Pero esta nueva situación nos da miedo. Solo queremos la normalización de la profesión para tener derechos. Somos trabajadoras del sexo”, sentencia Lucía.