Un pilar fundamental para “no dejar a nadie atrás”
El derecho a la ciudad es una reivindicación y acuerdo colectivo sobre cómo implementar el desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos
“¿Qué es hoy la ciudad para nosotros?”. Ítalo Calvino en su libro Las Ciudades Invisibles lanzaba esta pregunta en una obra dedicada a los espacios urbanos, que ya en 1972 comenzaban a ser inhabitables. En palabras de Calvino: “La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza”. En este sentido, el derecho a la ciudad, término que si bien está de moda representa una bandera política reivindicada desde hace muchas décadas por la sociedad civil, defiende un nuevo paradigma de asentamientos humanos basados en los principios de justicia social y espacial, igualdad, democracia y sustentabilidad. No se trata de una apología del crecimiento urbano infinito e injusto, sino de la necesidad de un cambio profundo para garantizar una vida digna en cada territorio.
Matizaríamos entonces la pregunta de Calvino agregando ¿qué son hoy las ciudades y los asentamientos humanos para nosotras y nosotros? , o mejor: ¿qué deberían ser? Con esta pregunta nos remitimos a la Declaración de la Agenda 2030 que incluye un Objetivo de Desarrollo Sostenible dedicado a las ciudades y asentamientos humanos sostenibles, el ODS 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles“. En este compromiso, firmado por 193 estados en 2015, se declara el deseo de lograr “un mundo de respeto universal por los derechos humanos”. Por lo tanto, las ciudades deberían ser el reflejo de ese mundo, y es precisamente lo que defiende el derecho a la ciudad: territorios comunes, de derechos, gestionados por y para todas y todos.
En esta línea se posiciona la Nueva Agenda Urbana (NAU) firmada en 2016, esta hoja de ruta de las ciudades materializa el compromiso mundial con la urbanización sostenible. La NUA manifiesta que las ciudades y asentamientos humanos deberán ser aquellos espacios donde “todas las personas puedan disfrutar de iguales derechos y oportunidades, así como sus libertades fundamentales, guiados por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional". Agenda que por cierto incluye el Derecho a la Ciudad en sus párrafos 11 y 12, compartiendo el ideal de “una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos … ideal conocido como derecho a la ciudad”.
No obstante, el derecho a la ciudad no debería considerarse un ideal sino una meta real y necesaria si se quieren lograr los compromisos adquiridos por Naciones Unidas. La sociedad civil, en alianza con muchos gobiernos locales de todo el mundo, llevan décadas trabajando en ello. Se trata de una creación colectiva ascendente, desde las bases, personas de todo el mundo que luchan, se organizan y defienden la creación de espacios para todas y todos. Son las alianzas globales de intercambio y apoyo como la Plataforma por el Derecho a la Ciudad quienes hacen eco de este trabajo, tal y como destaca el último informe de Ecosoc sobre los progresos realizados en la implementación de la NAU, en su párrafo 44. Este mismo informe también hace mención a los esfuerzos por “consagrar el Derecho a la Ciudad” y establecer coherencia e integración entre las agendas mundiales (párrafo 10).
Perspectiva de derechos humanos
La crisis urbana, de vivienda y de tierra que vivimos hace bastante inhabitable el mundo actual, un mundo en las que las ganancias y los cálculos económicos están por encima del bienestar, la dignidad, las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza. Este posicionamiento nos ha llevado al escenario actual en el que la crisis de la vivienda, la destrucción de la naturaleza, la expulsión de personas y comunidades de sus hogares, la migración y el aumento de número de desplazados y refugiados, y tantas otras vulneraciones de derechos hacen infinita la lista de desafíos para lograr cumplir la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana. Si no se revierten los retos actuales y se permite que los espacios donde vivimos sean lugares donde se escuchen las diferentes necesidades y se den respuestas específicas, los compromisos de la Agenda 2030 y NAU quedarán solo en compromisos de papel.
Existe una demanda ciudadana a nivel global, que exige más participación en las decisiones, así como mayor acceso a los beneficios materiales, políticos y simbólicos
El reto está en “no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás” y para ello debemos incorporar seriamente el enfoque del Derecho a la Ciudad, que conecta los Derechos Humanos y permite la mejor implementación de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana. Este será el mensaje que la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad lleve a Naciones Unidas con ocasión del Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre el 9 y el 18 de julio del presente año.
En este encuentro anual de estados, sector privado, autoridades locales y sociedad civil que monitorea las actividades de desarrollo de manera integrada, el Derecho a la Ciudad tiene un programa propio dentro y fuera de Naciones Unidas y un posicionamiento político claro: los derechos humanos en el centro de la implementación.
Como en tantos otros foros alejados de los movimientos sociales y las problemáticas de la vida cotidiana, centraremos nuestros esfuerzos en llamar la atención sobre las luchas locales y globales de comunidades de todo el mundo que trabajan día a día por la defensa del derecho a la ciudad, facilitando la participación de organizaciones y colectivos cuyas voces son habitualmente silenciadas o no escuchadas.
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad se hará eco de las denuncias, reclamos y propuestas de las y los compañeros de Abahlali Base Mjondolo, el movimiento urbano más grande tras el apartheid en Sudáfrica, que lucha por la tierra y sufre persecuciones por parte del gobierno; de las comunidades Masai a quienes el Gobierno de Tanzania ha dejado sin hogar y enfrentan niveles abrumadores de abusos contra los derechos humanos; a las familias afectadas por la tragedia e incendio del edificio de Sao Paulo, a las comunidades desalojadas en El Espino, El Salvador, y a tantas otras luchas por la democratización de los espacios de decisión, de la preservación y ampliación de los espacios públicos, y de que ninguna persona o grupos sociales sufren discriminación.
El debate pretende calar también en el caso del Derecho a la Vivienda, otro gran desafío actual que poco a poco va calando también en las Naciones Unidas. Así el HLPF ha recogido la adopción de una Declaración de Ciudades por el Derecho a la Vivienda (Cities for Housing), presentada el 15 de julio. En este texto, ciudades globales como Barcelona, Nueva York, Londres, Berlín, Madrid, París, Montreal, Montevideo, Ámsterdam o Ciudad de México han acordado un posicionamiento internacional para reclamar medidas globales que permitan frenar la expulsión de vecinos de sus barrios. Se trata de una declaración en el marco de la Campaña The Shift, impulsada por Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas y la red global de gobiernos locales y regionales- CGLU.
Existe una demanda ciudadana a nivel global, que exige más participación en las decisiones, así como mayor acceso a los beneficios materiales, políticos y simbólicos que nuestras ciudades y nuestras sociedades tienen para ofrecer. El derecho a la ciudad plantea: ¿qué ciudad queremos? ¿para quién está hecha y por quiénes? Queremos vivir en lugares que prioricen los derechos humanos.
El HLPF es una oportunidad para que la sociedad civil participe en el proceso de seguimiento y fortalecimientos de las políticas y alianzas para el cumplimiento de los ODS y la NAU. Es un momento clave para clamar una bandera política y una herramienta clave como el Derecho a la Ciudad, que responda a algunos de los desafíos más asfixiantes de nuestro tiempo situando a las personas, la vida cotidiana, los cuidados, las aspiraciones y derechos humanos de todas y cada uno, verdaderamente en el centro.
Lorena Zárate y Nelson Saule pertenecen a la Plataforma por el Derecho a la Ciudad.
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