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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Calidad en el empleo

El Gobierno se propone pasos pequeños y medidos para reducir la precariedad

La OCDE ha vuelto a insistir en dos fenómenos diagnosticados con generosidad: el crecimiento mundial y el de la economía española no van acompañados, como parecería lógico, de subidas salariales, circunstancia que convierte la recuperación económica en parcial e insuficiente; y el empleo creado en España es de mala calidad, por la abrumadora superioridad de la contratación temporal. Si bien no es posible discrepar del análisis, cabe en cambio rechazar la solución. La fórmula que propone (abaratar más el despido) no casa bien con la denuncia de la precariedad y ya se ha aplicado en España con los resultados conocidos.

Editoriales anteriores

Como la precariedad en el empleo y la mala calidad en la contratación son los problemas más graves que tiene en estos momentos la economía española —relacionados además con el déficit de la Seguridad Social, como advirtió el secretario de Estado Octavio Granado— resulta comprensible que el Gobierno se haya enfrascado en buscar soluciones al problema intentando podar la reforma laboral. Ya advirtió el nuevo equipo económico que no era posible suprimirla, pero sí lo es cambiar aspectos del modelo vigente. Las ideas están sobre la mesa: suprimir el llamado “contrato de emprendedores”, porque ha fracasado en el objetivo de crear más puestos de trabajo fijos; cambiar los contratos de formación y hacer que los autónomos paguen por lo que ingresan y no una tarifa fija.

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Si a eso se añade la confirmación de que la Seguridad Social quiere destopar la pensión máxima y buscar nuevos ingresos para pagar las pensiones, la conclusión es que se puede mejorar la legislación laboral sin contar con mayoría parlamentaria. Téngase en cuenta, no obstante, la prudencia que impone la realidad. El empleo lo crean las empresas; las normas sólo facilitan o estimulan su creación. Parece razonable que se mida el impacto de cualquier modificación legal, para que el daño no sea superior al beneficio.

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