Tormenta demográfica

Las estadísticas avanzadas por el INE sobre nacimientos y defunciones confirman el declive demográfico iniciado en 2015, cuando por primera vez España tuvo un balance vegetativo negativo al producirse más muertes que nacimientos. En 2017, los fallecimientos se incrementaron en un 2,3% respecto al año anterior, mientras que los nacimientos descendieron en un 4,5%. Esta línea divergente aboca al país a la pérdida de población y, en consecuencia, de vigor demográfico si no se incide de manera decidida sobre los dos grandes factores que determinan ese balance: la natalidad y la inmigración.

Si algo demuestra la evolución de estas estadísticas es la estrecha relación que existe entre la economía y la demografía. No estamos ante un fenómeno azaroso, sino ante las consecuencias de factores socioeconómicos que pueden y deben modificarse. La baja tasa de natalidad está relacionada con el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, la dificultad para formar uniones estables y la inseguridad laboral, que hace que muchas parejas en edad de procrear no lo hagan por la incertidumbre en la que viven.

España figura entre los países con menor tasa de fecundidad del mundo. Con una media de 1,3 hijos por mujer, estamos lejos de poder garantizar la tasa de reposición. El constante aumento de la edad media de la primera maternidad, que ya está en 32,1 años, indica por otra parte que las mujeres apura el reloj biológico, de modo que muchas, cuando quieren tener hijos, ya no pueden. Este retraso no se debe a una moda pasajera, sino a la dificultad para combinar sus aspiraciones y requerimientos profesionales con un proyecto de familia.

Si España quiere recuperar natalidad, tiene que aplicar políticas que faciliten la decisión de tener hijos. Los países nórdicos han demostrado que esas políticas son efectivas. De poco sirven los discursos que proclaman la necesidad de proteger a la familia si las dinámicas económicas penalizan a las mujeres y los hombres que deciden tener hijos. Difícilmente las parejas querrán procrear si el horizonte laboral que tienen es de inestabilidad.

Algunos países han aplicado incentivos económicos en forma de ayudas para la crianza de los hijos. Mientras no se corrija la actual precariedad laboral, este puede ser un paliativo necesario. Pero a largo plazo es preciso incidir sobre las condiciones estructurales que contribuyen a hundir la natalidad. Hay que prever además que la situación demográfica se agravará en los próximos años. Las generaciones llenas del baby boom llegarán a edades avanzadas y aumentará la mortalidad, mientras que la franja de mujeres en edad de procrear descenderá por la caída de natalidad de los años ochenta. Habrá que facilitar mucho la maternidad si se quiere que esas mujeres tengan hijos. Hay experiencia suficiente en otros países como para aquilatar el cóctel de medidas a aplicar: generosos permisos de paternidad y maternidad, guarderías suficientes y asequibles, escolarización universal temprana, conciliación laboral y familiar, empleo estable y protección laboral. Debemos situar la crisis demográfica entre las prioridades a abordar.