El reto de saber elegir

El escándalo tributario que ha forzado la inmediata dimisión del ministro de Cultura Màxim Huerta ha puesto de manifiesto la urgencia de establecer mecanismos que reduzcan la probabilidad de nombrar a un cargo público con tachas en su historial. Aunque está bien que los servidores públicos renuncien de inmediato a su puesto asumiendo su responsabilidad, es necesario poner en práctica métodos de control previo que garanticen que el futuro cargo público ha tenido un comportamiento ejemplar en el pasado. No se trata de inventar procedimientos extravagantes ni investigaciones inquisitoriales, sino de comprobar que el candidato cumple las condiciones de honradez profesional y cumplimiento de sus deberes ciudadanos en el ámbito fiscal, en el laboral o en el académico. Es decir, que no hay en su trayectoria causa alguna de escándalo político.

Por esa razón, el nombramiento de cargos públicos tiene que estar sometido a unas normas mínimas de investigación, que deberían ser aceptadas, en beneficio propio, por los gobiernos y por las instituciones. De la misma forma que las empresas y algunos organismos independientes comprueban con detalle el currículo de los aspirantes y los rechazan cuando advierten irregularidades significativas, la trayectoria pública de los candidatos a ocupar un ministerio, una secretaría de Estado o las presidencias de las instituciones claves del Estado (Tribunal Constitucional, Supremo, Banco de España) merece un examen detallado que, por desgracia, hoy no se hace.

Las dos cuestiones principales son qué ha de investigarse y quién debe hacerlo. El límite de la investigación previa es la vida privada. Quién debe hacerlo plantea algunos problemas. Pero los partidos y la propia Administración disponen de los recursos suficientes para ofrecer un chequeo mínimo sobre la persona propuesta.

Estados Unidos es uno de los países que más ha desarrollado ciertas reglas en este sentido. El llamado vetting process somete al candidato a un puesto público de alto nivel a una rigurosa investigación que culmina en un meticuloso examen en el Senado. Los procesos no se limitan a la política. También la judicatura cuenta con un sistema similar para que los ciudadanos, a través de su Parlamento, seleccionen a los magistrados de mayor rango. Son mecanismos que no garantizan la elección de los más honestos y los más preparados para el cargo al que optan, pero elevan sin duda las posibilidades de conseguirlo.

Designar a un alto cargo que esconde problemas con el fisco o falsea su expediente académico no es un error exclusivo de este país. Francia, Alemania e Italia han sufrido escándalos similares en los últimos años. Pero los numerosos casos de corrupción política que se están sucediendo en los últimos tiempos en España alarman gravemente a la sociedad. Los sondeos señalan reiteradamente la preocupación de los ciudadanos por la corrupción y por la acción de los políticos y sus partidos. La sensibilidad social y democrática en contra de ciertos desmanes se ha extremado, lo que es una consecuencia positiva de un mal tan perjudicial para un proyecto colectivo. Es imprescindible sentar los procedimientos para realizar un adecuado escrutinio de los aspirantes.