Entendimiento territorial

Se ha abierto una ventana de oportunidad en la mejora de lo que cabe denominar la crisis catalana. Han cambiado los interlocutores, en Madrid y en Cataluña, el artículo 155 ha sido levantado y ambas partes parecen estar dispuestas a dialogar. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha manifestado su disposición a hablar abiertamente con el Gobierno de la Generalitat, haciendo referencia expresa al documento de 46 puntos que en su momento presentara el president Puigdemont al presidente Rajoy. El único límite está, en esta fase inicial, en la celebración de un referéndum de independencia. A este respecto, el president Torra, aunque parece mantener que el referéndum es irrenunciable, también ha reiterado que está dispuesto a hablar sin líneas rojas.

Ahora bien, es preciso señalar que el conflicto en Cataluña no es causa sino síntoma de una crisis constitucional más generalizada, especialmente en el ámbito territorial. Aunque el conflicto con Cataluña no existiera, el modelo de organización territorial constitucionalmente vigente necesitaría de una notable puesta al día. Es obvio que este no es el momento de iniciar la casi utópica reforma constitucional, porque el clima político no lo aconseja. Y ello porque para que la Constitución recupere su naturaleza de instrumento de integración debe contar con el apoyo de todos o casi todos lo grupos políticos y, por tanto, también y especialmente del Partido Popular, que ni en sus relaciones externas ni internas pasa por su mejor momento. Sí deben aprovecharse, en cambio, una serie de elementos ya presentes en el Gobierno del presidente Sánchez para sentar las bases de lo que debería ser, en una próxima y más sólida legislatura, el momento de la actualización constitucional.

Del actual Gobierno de Sánchez deben destacarse, como hacía recientemente Joan Rodríguez en Agenda Pública, que es el primer Gabinete en el que tres carteras centrales —Hacienda, Educación, y Relaciones Territoriales— están en manos, respectivamente, de una andaluza, una vasca y una catalana. Estos ministerios están dirigidos por personas con sensibilidad territorial. Por otra parte, junto con el primer Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo de Sánchez cuenta con la presencia más alta de ministros y ministras con responsabilidades previas en los ámbitos local y autonómico. Las características apuntadas son fundamentales para la mejora del modelo de organización territorial porque cuenta con una sensibilidad territorial mucho más elevada que sus predecesores. Esta sensibilidad y/o conocimiento de los territorios puede favorecer una actuación informal entre los diferentes niveles de Gobierno mucho más fluida. En otras palabras, que los diferentes centros de decisión política, sobre todo Madrid, dejen de ser compartimentos estancos, para ser ámbitos competencialmente diferenciados pero conocedores los unos de los otros.

Este fenómeno puede ser de gran relevancia teniendo en cuenta el sesgo territorial de los altos funcionarios al servicio de la Administración central. Cabe poner como ejemplo el Tribunal Constitucional, institución protagonista en la crisis catalana, donde también se hace patente su sesgo centralista, ya que la gran mayoría de sus magistrados son madrileños. Recuérdese que este fue uno de los elementos que pretendió solucionarse con la reforma del reglamento del Senado de 2007, desvirtuada en su puesta en práctica. Por cierto, como apunte histórico, la Constitución de 1931 preveía que el Tribunal de Garantías Constitucionales estuviera conformado, entre otros, por un magistrado de cada una de las regiones autónomas.

Así pues, el Gobierno de Sánchez no tendrá la capacidad de resolver muchas de las cuestiones que tenemos sobre la mesa, muy especialmente respecto de la crisis con y en Cataluña. Sin embargo, este Gobierno es una oportunidad para abrir escenarios de futuro en diferentes ámbitos. De una parte, sentar las bases de un nuevo modelo de gestión política territorialmente permeable, que empiece fraguándose por vías informales, pero que puede dar paso a un escenario en el que sea posible hablar de una nueva cultura política de entendimiento y respeto interterritorial, a través de la que poder construir la cultura federal de la que carece España. Este aspecto sería sumamente beneficioso para, en una segunda fase, abordar la reforma de la Constitución, especialmente en lo relativo a comunidades autónomas, fortaleciendo la descentralización y la lealtad institucional que, recuerden, debe ser bilateral.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.