No hay Govern

Tras desacreditar a la institución de la presidencia de la Generalitat con un historial de pronunciamientos racistas impropios de un cargo electo en cualquier democracia de nuestro entorno y continuar su desprestigio con una toma de posesión clandestina y denigrante para los millones de catalanes a los que tienen encomendado representar, el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, pretende ahora constituir un Govern fantasmagórico, compuesto de consejeros aquejados de una imposibilidad práctica para ejercer sus responsabilidades, por radicar varios de ellos, transitoriamente, en la cárcel o en el extranjero.

La arquitectura de este Govern etéreo constituye una clara provocación que ni el Gobierno ni los partidos constitucionalistas pueden en modo alguno tolerar. Primero y ante todo porque confirma que la voluntad de Torra no es la de, como correspondería a un presidente autonómico salido de las urnas, conformar un Gobierno que impulse políticas en favor de la ciudadanía, sino continuar el enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado que con tan desastrosas consecuencias abriera el anterior Govern presidido por Puigdemont.

Pero también porque contradice frontalmente la promesa de constituir un “Govern efectivo” que su lista electoral había presentado ante los votantes y trunca el compromiso de Esquerra de establecer un Ejecutivo que gobierne sin consejeros impedidos físicamente para realizar su tarea.

Con su propuesta, Torra quiere seguir alimentando la agitación infinita y el victimismo, confirmando así que, tras haber perdido el favor de los catalanes, topado con el Estado de derecho, la unidad de los demócratas y la falta de apoyo internacional, ese es el único plan hoy del independentismo. Se trata de una estrategia suicida, pues está destinada a fracasar, pero al inmenso coste de fracturar aún más la sociedad catalana, promover el enfrentamiento con el Estado y sembrar la desconfianza entre empresarios e inversores extranjeros.

Con su decisión, Torra no hace sino comunicar formalmente al Estado su rechazo a formar Gobierno, que era la condición que el Senado fijó para señalar el fin de la vigencia del artículo 155. Ante tamaña irresponsabilidad, el Gobierno y el resto de los partidos constitucionalistas se ven abocados a retomar el consenso y la unidad de entonces y rechazar la propuesta de Govern planteada por el nuevo president.