Un ultra toma posesión

La ínfima ceremonia con la que Quim Torra tomó ayer posesión de la presidencia de la Generalitat es de importancia singular, como todos los hechos de alcance simbólico. Es, sobre todo, expresiva del escaso aprecio que la histórica institución del autogobierno catalán le inspira al nuevo presidente. También de su escasa afición a reconocer siquiera al Parlament como fuente de legitimidad, pues no se considera a sí mismo como presidente en plenitud de funciones, sino como un pasante al servicio de un fugado de Justicia. Y al tiempo ilustra hasta qué punto ha llegado la degradación secesionista a perfeccionar su oportunismo. Así que ni siquiera es capaz de conceder a los suyos el derecho, ganado en las urnas, a contar con un Ejecutivo normal, serio y competente. Pero no desaprovecha ocasión de sacar tajada de todos los intersticios legales —los hay en las democracias, no tanto en las autocracias— que favorezcan al provecho partidista, a los privilegios de poder en favor de la secta, incluso a las prebendas individuales.

Poder autonómico, sí, se dicen a sí mismos, pero para destruirlo desde dentro en favor de un separatismo cada vez más ultra y más racista, como el de sus amigos de la Lega italiana o de los flamencos xenófobos, lo que no disuade ni inhibe a alguno de sus ideólogos y periodistas de cabecera de antigua filiación progresista y que arriesgan a terminar como acabó un notable protosocialista, Benito Mussolini. Su silencio es lo más estruendoso de la deriva ultra que simboliza Torra.

La corrosión institucional que caracterizó la única indigna toma de posesión de la Generalitat —y las ha habido polémicas, sobre todo en las difíciles circunstancias del exilio antifranquista, el real— se ha contagiado al Gobierno. Mariano Rajoy no debió lavarse las manos ante la probabilidad de que se tratase de un acto imprudente y torticero, sino que al contrario debió estar ahí, con una alta representación: como entidad que verdaderamente inicia el traspaso de poder; por responsabilidad política ante unos ciudadanos que solo han recuperado un (escaso) alivio desde la destitución del Govern que perpetró el golpe de septiembre; porque gobernar es estar presente, a las duras y las maduras, y hacer ver la solidez del Estado de derecho y sus principios y valores democráticos.

Mal ha estado también la escenificación de los encuentros del presidente con Sánchez y Rivera, en un esfuerzo premeditado de hacer de menos a este último con la complicidad del líder socialista. Todos deben hacer un esfuerzo por recomponer la unidad. Y, en ese sentido, sí es elogiable la actitud de Sánchez de ofrecer apoyo al Ejecutivo en una cuestión fundamental de Estado y, más aún, su propuesta de reformas legales indispensables para dificultar que el secesionismo siga profundizando en los intersticios de la legalidad en los que se ha doctorado. Confiemos en que la unidad constitucional se mantenga en el probable caso de que haya que volver a aplicar el 155, que no puede prolongarse, como pretende Ciudadanos, por su imposible encaje legal. Mientras, lo más positivo de esta toma de posesión es que desvirtúa la calumnia de que en España se va a la cárcel por albergar ideas separatistas. En España, siendo secesionista se puede presidir la Generalitat... mientras no se cometan delitos.