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Quebrar la Generalitat

La unidad de los demócratas impedirá que el ‘president’ Torra viole la ley

Quim Torra, en la sesión en la que fue investido ‘president’ de la Generalitat.

Contra lo que proclama el secesionismo, su objetivo no es recuperar las instituciones de autogobierno de Cataluña. Al revés. Su propósito es representar solo a una parte de la ciudadanía, la que sigue creyendo en la desobediencia, la ilegalidad y los hechos consumados. Lo que se traduce en un desprecio absoluto a las instituciones de la Generalitat, que deberían ser comunes y válidas para todos.

Así, el president electo, Quim Torra, asume su carácter interino, su escasa legitimidad, su dependencia de Carles Puigdemont: ¿cómo afirmará su autoridad? Así, ningún soberanista chista cuando el anterior presidente fugado impone, sin competencias, un límite de cinco meses al Govern si este no cosecha el resultado apetecido.

Así, el Parlament externaliza y exporta sus tareas a organismos como una fatua asamblea de cargos electos; o un espacio libre de Europa y un Consejo de la República ilegales y estrafalarios; o encomienda a las organizaciones de agitación nada menos que un proceso constituyente.

Nunca se había quebrado tanto el prestigio institucional de la Generalitat. Quienes hoy la ocupan desprecian su sentido: representar a todos y gobernar para todos, no para unas minorías soliviantadas. Los de Quim Torra (ya solo el diminutivo lo disminuye) la dejan como un conjunto suspendido en el vacío, huero de legitimidad profunda como una caricatura prescindible.

La investidura diseña además unos organismos débiles, una mayoría de gobierno sometida al albur de mil caprichos. La abstención de la CUP no se traduce en un pacto de legislatura. La confusión de la Esquerra de Pere Aragonés entre la emoción republicanista y el imperativo legalista la ha atenazado en la parálisis.

Y la pretensión de ampliar las bases del independentismo —con fatigosas campañas disfrazadas de seducción— han situado al grupo más proclive a esos cantos de sirena, los comunes de Xavier Doménech, en la ribera opuesta del secesionismo.

Todos esos reveses —a los que se suma algún indicio (aun débil) de mayor sintonía en la oposición— auguran una legislatura entre mediocre y catastrófica, aunque habrá que esperar a las primeras señales del Govern en ciernes, y evitar tanto la parálisis como la precipitación en la respuesta.

La posición del Gobierno de Mariano Rajoy, convocando a los principales líderes de la oposición, es una actuación necesaria y bienvenida pues de ningún modo pueden las fuerzas políticas que defienden la Constitución dividirse ante la reemergencia del desafío soberanista que representa Torra.

Pero la unidad de los constitucionalistas, además de visibilizarse, debe materalizarse en un compromiso firme e irrenunciable: el de marcar política y administrativamente de forma férrea todos y cada uno de los primeros pasos del nuevo Ejecutivo de Torra para evitar que la peligrosa retórica por este formulada adquiera el más mínimo viso de realidad.

Corresponde a todos seguir asegurando, cada uno en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus capacidades, que las instituciones del autogobierno no serán empleadas para derogar el Estatut, que los derechos de los ciudadanos catalanes no serán pisoteados y que España seguirá siendo un Estado de derecho donde nadie esté por encima de la ley.

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