¿Quién dejó morir ahogados a 94 cerdos en Aragón?

Unos 1.000 cerdos de cebo quedaron atrapados en una granja de Aragón tras la crecida de la cuenca del Ebro a mitades de abril. Cuando el río bajó, los 900 animales que sobrevivieron fueron enviados a una finca cercana, donde ahora permanecen. La muerte de los 94 cerdos que se ahogaron en una explotación de Villafranca del Ebro, un municipio de 900 habitantes, ha resonado en los medios de comunicación después de que se difundieran las imágenes de los animales con el agua hasta el cuello e intentando escapar de los corrales inundados. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha remitido al juzgado las diligencias en las que figuran como investigados el dueño de la explotación y la empresa propietaria de los cerdos por un presunto delito contra la fauna y maltrato animal o abandono.

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El partido animalista PACMA difundió las imágenes de los fotoperiodistas Aitor Garmendia y Santi Deva y denunció el maltrato de los animales. Además, criticó que el Gobierno de Aragón "no haya puesto en marcha un plan de evacuación". Sin embargo, fuentes del Departamento de Desarrollo Rural de la Comunidad aseguran que el Gobierno de Aragón activó el dispositivo de desalojo el jueves día 12 de abril. Según las mismas fuentes, 62 explotaciones ganaderas de la región, con 51.000 cabezas de ganado (25.000 de porcino, 21.000 de ovino y 5.000 de vacuno) fueron desalojadas con normalidad. Además de los 94 cerdos, no pudieron ser rescatados y murieron 600 lechones en una granja de Tauste y 200 ovejas, en instalaciones de Codos. ¿Sobre quién recae la responsabilidad?

Cristina Martínez, titular del despacho de abogados Martínez Bellido, especialista en el sector agropecuario y con sede en Zaragoza, advierte de que antes de atribuir responsabilidades hay que determinar si hubo tiempo y medios para desalojar a los animales o, si en cambio, no hubo voluntad de hacerlo. Para determinar la repercusión legal o el resarcimiento económico al ganadero o la empresa integradora de la granja "deberá hacerse velar lo dispuesto en sus contratos de integración existentes acogidos a la Ley de Bienestar Animal, Ley de Sanidad Animal y Ley de Contratos de Integración". 

José Antonio Moreno, dueño de la explotación donde estaban los cerdos, asegura que en cuanto se enteró de que los niveles de agua serían similares a los de 2015, cuando en su granja murieron 1.600 animales, llamó a la integradora. El jueves llegaron dos camiones que se llevaron a 420 cerdos para el matadero. El viernes empezó la evacuación y, entre las 13.00 y las 16.00, seis vehículos trasladaron unos 200 animales cada uno. "Había 2.600 cerdos. Eran necesarios 14 trailers", incide Moreno, quien asegura que no puede "tocar un animal sin permiso de la integradora".

Aunque quedaban cerdos, "la empresa no vio oportuno" desalojar al resto hasta el día siguiente, según afirma Moreno. El sábado a las siete de la mañana fue a la granja, pero entonces ya no se podía acceder con vehículos porque el agua había anegado los caminos. Ingresó con su hijo para dar de comer a los animales y las naves, según cuenta, aún estaban secas. Las imágenes de los animales con el agua hasta el cuello las vio al día siguiente cuando las difundieron los medios. De acuerdo con su relato, el agua entró a los corrales porque las personas que irrumpieron en la granja para tomar fotografías y hacer vídeos rompieron ventanas y dejaron las puertas abiertas.

"Que la gente esta sea un poco más responsable", comenta el alcalde del pueblo, Roberto González, quien señala que si los cerdos se hubiesen escapado podrían haber causado accidentes en la carretera o contagiado enfermedades a la comunidad. Aitor Garmendia, uno de los fotoperiodistas que accedió a la granja, no confirma la versión de Moreno y opina que es "una estrategia de defensa" del ganadero, que "intenta eludir las posibles responsabilidades penales".

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Uvesa, la avícola dueña de los cerdos, coincide en la cronología e incide en que el sábado 14 a las siete de la mañana estaban preparados los camiones para seguir desalojando, pero no pudieron acceder a la granja porque el camino estaba lleno de agua embalsada. Cuando el nivel descendió, reactivaron la evacuación junto con los servicios de Sanidad del Gobierno de Aragón, "previa resolución de desalojo dictada el día 18 por el Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza".

Fuentes del Departamento de Desarrollo Rural de la Comunidad destacan que "el ganadero hizo todo lo posible para desalojar a los animales". Para la Administración, "es la integradora la que le tiene que proporcionar los medios". El Gobierno de Aragón ha abierto un expediente informativo a Uvesa, la empresa integradora dueña de los animales.

"No hay una ley que delimite las responsabilidades", señala el secretario de Podemos en Aragón, Nacho Escartín. "Hay un modelo de porcino en el que el ganadero no tiene control de sus animales", advierte. El grupo ha pedido la comparecencia del presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), el próximo jueves para pedir explicaciones sobre la riada y la seguridad de los animales que se quedan atrapados. Además, ha presentado una Proposición No de Ley sobre protocolo de emergencias para animales que aún no ha sido tratada en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.