El muro del Valle cae

Un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acudirá hoy al Valle de los Caídos para realizar una investigación sobre el estado del osario y determinar si puede realizarse la exhumación de los restos de dos miembros de la familia Lapeña, fusilados por los falangistas durante la Guerra Civil, y el de dos personas que pertenecieron al bando franquista y cuyos restos fueron trasladados a la cripta después de finalizar el conflicto. Tras una larga batalla judicial, que inició hace seis años la familia Lapeña y a la que se incorporaron después los familiares de los otros dos fallecidos, un juez ha ordenado que la sentencia se ejecute y que los cuerpos sean exhumados. El Estado de derecho ha mostrado así que funciona, incluso cuando se enfrenta a un asunto particularmente embrollado por intereses políticos partidistas. Y por posiciones de poder intolerables en una democracia.

El prior de la abadía del Valle de los Caídos se había negado a cumplir el requerimiento del juzgado, por considerar que el cementerio era religioso, y hace unas semanas se negó también a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, que pretendía resolver el vacío legal que le había permitido inicialmente torpedear la acción de la justicia. La obstinación del prior benedictino fue desautorizada por la Conferencia Episcopal, con lo que Patrimonio Nacional ha ordenado que se abran las puertas del Valle a los peritos del CSIC.

El paso es importante y ayudará a normalizar una situación que lleva desde hace tiempo pesando sobre las espaldas de la democracia española. Si hay unos muertos en fosas comunes y los familiares solicitan su exhumación, la justicia debe dar inmediata respuesta, y el Estado debe facilitar los medios. El Valle de los Caídos, donde hay más de 33.000 cuerpos enterrados, estaba blindado por la Iglesia ante cualquier iniciativa que rompiera el statu quo. Los investigadores del CSIC tienen ahora la palabra. La justicia ya dijo la suya.