La estabilidad de Brasil

En una democracia nadie está por encima de la ley. El cumplimiento de esta y las resoluciones de sus tribunales no puede convertirse en algo excepcional, sino que se inscribe en la normalidad democrática independientemente de quién sea afectado. Lo sucedido alrededor de la entrada en prisión del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no ha hecho sino ahondar todavía más la incertidumbre política e institucional del país sudamericano.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó esta semana el recurso de Lula contra su ingreso en prisión. El expresidente había sido condenado a 12 años de cárcel en uno de los dos procesos abiertos por la Operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de Brasil. Los tribunales encontraron culpable al exmandatario de recibir un soborno —en concreto, una vivienda— de una constructora a cambio de que esta obtuviera contratos con el gigante petrolero estatal Petrobras.

Lula, que durante su etapa como presidente contribuyó a sacar de la pobreza a 20 milllones de brasileños y a modernizar el país, ha gozado de las garantías establecidas por la ley para su defensa, incluido el último recurso para evitar su entrada en prisión, pero el Supremo por apenas un voto de margen —seis contra cinco— ha decretado esta semana su encarcelamiento. Y la ley debe cumplirse. La negativa inicial de Lula, apoyada por numerosos simpatizantes, ha antepuesto los intereses electorales del Partido de los Trabajadores (PT) al respeto al Estado de derecho en un año crucial para su país.

Brasil celebrará en octubre elecciones presidenciales en un clima de profunda inestabilidad institucional causada por los continuos casos de corrupción política. Las acusaciones han llegado a salpicar incluso al actual presidente de la República, Michel Temer. Aunque la ejecución de la sentencia no inhabilita a Lula para continuar la actividad política —al menos hasta el próximo agosto, cuando se debe formalizar oficialmente la candidatura—, supone un durísimo revés para el histórico líder político y su partido ante las elecciones.

Pero en la polémica por el recurso de Lula se ha introducido un factor preocupante: la irrupción en el debate político de altos jefes militares en activo, incluyendo al comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas-Bôas. Que dirigentes del Ejército utilicen un lenguaje amenazante a través de las redes sociales es de todo punto inaceptable. Brasil es una gran democracia consolidada que, a pesar de sus vicisitudes, no necesita unas Fuerzas Armadas que abandonen su papel constitucional y pretendan tutelar a los políticos o a los jueces.

No se trata de un episodio aislado, sino de una tendencia que ha venido adivinándose desde hace un tiempo y que ha incluido alabanza pública de ex altos mandos a conocidos torturadores de la dictadura (1964-1985), la petición pública del citado general Villas-Bôas para que el Ejército desplegado en Río de Janeiro no sea escrutado en sus acciones o diversos actos del candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro realizados en algunas instalaciones militares.

Brasil debe celebrar elecciones en un clima de estabilidad. Políticos, jueces y militares están obligados a conseguirlo.