Cambio energético obligado

La economía española tiene pendiente una transición energética ordenada hacia una producción dominada por las energías renovables. El informe de los expertos como paso previo a la elaboración de una futura ley de cambio climático y transición energética ofrece algunas ideas al respecto, aunque no oculta una cierta inquietud por las dificultades económicas, operativas y estructurales que presenta el empeño.

La medida más llamativa que propone el informe es crear un impuesto sobre el dióxido de carbono que sustituya los tributos actuales sobre hidrocarburos y electricidad y que equivaldría, según los primeros cálculos, a elevar el impuesto sobre el gasóleo en un 28% y el que pesa sobre las gasolinas en un 10%. Dado que España tiene una tributación relativamente baja sobre los carburantes en relación con Europa, la unificación fiscal, en línea con los impuestos medioambientales que reclama Europa, parece una buena idea. No obstante, estamos ante un caso claro de traslado de cargas: los impuestos que deja de pagar la electricidad los pagan los carburantes y, si llega a aplicarse la idea, no estaría de más calcular con exactitud qué rentas salen beneficiadas y cuáles perjudicadas.

La transición hacia las energías es obligada; también cara y problemática. Para financiar una transición como la que se inspira desde Europa se requiere una regulación financiera que atraiga la inversión; justo lo contrario de lo que hace el ministerio, que propone un recorte de la retribución financiera a las inversiones eléctricas. Otra variable decisiva es la reforma del mercado eléctrico. El actual calcula los precios de forma más bien opaca y arbitraria. Y estaría bien recordar que si bien las renovables necesitan producción de respaldo, esa necesidad es compatible con la supresión total, aunque paulatina, del carbón.