Cupo vasco, recúrrase al Constitucional

A finales del año pasado, la aprobación en el Congreso de la ley por la que se fija el cálculo del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los presidentes autonómicos del PP y PSOE. Tras la crisis secesionista en Cataluña, y a la espera todavía de acordar un nuevo modelo que mejorase la financiación de las comunidades de régimen común, la crítica al Cupo vasco dejó de ser el gran tabú de la política española. Los socialistas Ximo Puig, Susana Díaz o Javier Fernández, alzaron su voz. Quien de forma más contundente expresó ese enfado fue el aragonés Javier Lambán que afirmó que era “difícilmente explicable en términos democráticos, pues profundizaba en las desigualdades”. Entre los populares, Cristina Cifuentes acusó a vascos y navarros de no contribuir a la solidaridad con el resto de España y Núñez Feijóo censuró el nuevo Cupo por falta de claridad e información. La casualidad quiso que la ley del Cupo se publicase en el BOE el día de los Santos Inocentes.

Más información

Opinión | Riesgo unilateral y solidaridad; por I. Urkullu

Desmontándo tópicos sobre el cupo vasco

Los presidentes autonómicos no descubrían nada nuevo, solo que hasta entonces muy pocos se habían atrevido a decirlo porque la corrección política obligaba a repetir una verdad a medias, que se trata de un derecho histórico amparado en la Constitución. Los estudios académicos han puesto de manifiesto que la ley del Cupo contiene muchos trucos y trampas con el fin de que el cálculo de la contribución vasca se adecue a la negociación previa. Esta vez, la fragilidad de la situación política española, con un PP dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos Generales y un PSOE como socio de Gobierno del PNV en Euskadi, ofrecía a los nacionalistas una oportunidad de oro para blindar una situación de absoluto privilegio. El resultado, inmejorable. El País Vasco se queda cada año con más de mil millones adicionales del IVA, la mitad de los cuales en perjuicio de las otras autonomías. Su aportación para el próximo quinquenio se rebaja a 1.300 millones anuales, una cifra mágica derivada de ese famoso 6,24% con el que, según la ley del Cupo, contribuye a los gastos del Estado no transferidos. En esta ocasión, el apoyo al Gobierno del PP se paga con un regalo extra de 265 millones anuales, mientras la aportación efectiva a la solidaridad interterritorial se reduce a la irrisoria cifra de 27.

El experto en financiación autonómica Alain Cuenca, que participó en nombre del Gobierno aragonés en la comisión para la reforma del modelo, está reclamando que se recurra el Cupo ante el Tribunal Constitucional. Todavía hay tiempo para que lo haga el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y también todos aquellos presidentes autonómicos que tanto se indignaron frente a un cálculo que genera más desigualdades. En coherencia, recúrrase.