Cruel ineficiencia

En su acuerdo con Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos de 2017, el Gobierno se comprometió a aumentar la partida para la dependencia en 100 millones de euros. La ejecución del presupuesto ha revelado, sin embargo, que 44 de esos millones —que hubieran permitido atender a unos 6.600 dependientes más— se han quedado sin gastar. Este incumplimiento resulta de una crueldad inaceptable si se tiene en cuenta que en España hay más de 310.000 dependientes que cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben. De ellos, 120.000 son dependientes severos y grandes dependientes. Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho.

La aprobación de la Ley de Dependencia en noviembre de 2006 fue considerada un hito histórico, pues debía ser el cuarto pilar del Estado de bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales. A la falta crónica de una dotación presupuestaria suficiente se une ahora una nefasta gestión que, además de ser ineficiente, carga sobre las comunidades autónomas el grueso del coste. El Gobierno incumple sistemáticamente la obligación de aportar el 50% del importe de las prestaciones, de modo que las autonomías acaban cargando con el 82% del gasto, lo que las ha colocado al límite de sus posibilidades. Para cumplir con su parte, el Gobierno debería aportar 1.800 millones más al sistema.

Se da además la circunstancia de que en la concesión de las ayudas no se da prioridad, como sería lógico, a los dependientes con mayores necesidades. En 2016 se redujo la lista de espera, que entonces era de 375.000 personas, en un 16,2%, pero entre los dependientes leves cayó un 22% mientras que entre los severos y grandes dependientes solo bajó un 4%. El Gobierno debe cumplir sus obligaciones y revisar la forma en que se gestiona esa partida para evitar los graves problemas de ineficiencia e inequidad que ahora se observan.