Una agenda de cambio

El Día de la Mujer de 2018, celebrado el pasado jueves, ha resultado histórico en cuanto al nivel de participación y movilización. Se ha constatado que la causa de la igualdad de la mujer es compartida y celebrada por toda la sociedad. Frente a quienes en los últimos tiempos han querido dibujar una democracia caduca y en regresión, las calles del 8-M han mostrado una sociedad vibrante, consciente y plural. Una vez más, España ha demostrado albergar un profundo sentido de la justicia, la igualdad y progreso social.

Nuestros éxitos en derechos y libertades han sido contemplados siempre con admiración fuera de nuestras fronteras. Como ocurriera con la Ley contra la Violencia de Género y la posterior adopción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas pioneras en el entorno europeo, nuestra sociedad ha mostrado ir incluso por delante de aquellos vecinos en los que tantas veces nos miramos no sin cierto complejo de inferioridad. España se sitúa por delante de Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia en la lucha contra la violencia machista. Y su brecha salarial es inferior a la británica o alemana. No cabe pues el desánimo. España no es excepcional: sus problemas son los mismos de sus vecinos.

Los datos de los organismos e instituciones internacionales especializados en la materia apuntan en la misma dirección. Por un lado señalan los avances logrados en la legislación antidiscriminación, la violencia contra las mujeres, la educación, pues ya superan a los hombres en titulaciones universitarias y la feminización de la política.

Por otro, destacan el vacío de mujeres en el mercado laboral, tanto en términos cuantitativos —hay menos mujeres en la población activa, trabajan menos horas y por tanto tienen peores salarios y pensiones— como cualitativos, lo que se traduce en un déficit intolerable de mujeres en puestos directivos, en empresas públicas y privadas y la Administración pública.

Uno de los grandes déficits que muestran los datos tiene que ver con la maternidad. Las malas prácticas empresariales, sumadas a la precariedad del mercado de trabajo, la ausencia de una red de escolarización gratuita de 0-3 años, la insuficiencia de los permisos de paternidad y los muy deficientes controles por parte de la Inspección de Trabajo convierten la maternidad en un foso en el que quedan estancadas las carreras laborales y salarios de las mujeres.

Todos ellos son problemas graves, pero no insuperables si hay voluntad política. El Gobierno, que se ha sumado tarde y torpemente a estas reivindicaciones, tiene la obligación de sentarse con el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para, con el concurso de empresarios, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, diseñar y poner en marcha una agenda de igualdad con medidas concretas, calendarios de aplicación y recursos presupuestarios. La igualdad es un valor democrático y su consecución debe estar por encima de la lucha partidista y dentro de las instituciones representativas, no fuera de ellas. Es una cuestión de Estado y toca, por tanto, a sus instituciones recoger y alentar un cambio social del que todos podemos sentirnos orgullosos.