Editorial
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Pescar en aguas ajenas

La UE mantiene el acuerdo pesquero con Marruecos ignorando que en la realidad se faena en aguas saharauis

Un pesquero marroquí en el puerto de Dajla (Marruecos) el pasado día 15.
Un pesquero marroquí en el puerto de Dajla (Marruecos) el pasado día 15.Fatima Zohra Bouaziz (EFE)

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo de pesca con Marruecos es salomónica. El enfoque hallado por los jueces permite mantener el acuerdo y contentar, por tanto, a ambas partes negociadoras sin contradecir al derecho internacional. Si el pacto, viene a decir el dictamen, permite a los barcos europeos faenar en aguas marroquíes es obvio que las aguas territoriales del Sáhara Occidental no están incluidas. Es una argumentación impecable, si no fuera porque la realidad es que ese convenio viene permitiendo la pesca europea (española en su mayor parte) en aguas saharauis. De hecho, la UE debería ahora intentar garantizar que no se faenara en ellas.

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Las dificultades de los acuerdos pesqueros y agrícolas con Marruecos tropiezan siempre con la misma piedra. Marruecos reclama la soberanía del Sáhara Occidental mientras que la ONU considera que es un territorio poscolonial con derecho a la autodeterminación. Es un conflicto que colea desde 1975 y que envenena las relaciones bilaterales. Paradójicamente, el abogado general del tribunal europeo proponía anular el acuerdo pesquero suscrito en 2007 para respetar, también, el principio de legalidad internacional. Ello habría resultado mucho más lesivo para los pescadores europeos y un revés más obvio para las autoridades marroquíes, que, por el contrario, han encajado la sentencia positivamente.

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La resolución judicial se parece mucho a la no-solución del conflicto saharaui. Se mantiene el statu quo, permite a la UE y a Marruecos seguir suscribiendo acuerdos y, en la realidad, deja en el limbo a un territorio que cuenta con el inútil espaldarazo internacional. La mayoría de las capturas pesqueras comunitarias en la zona se realizan en aguas saharauis y Rabat recibe a cambio 36 millones de euros anuales por ello. Es el extraño resultado de un conflicto sin resolver.

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