Lengua de España

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la disposición de la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE, o ley Wert) que obligaba a la Generalitat a hacerse cargo de los gastos de escolarizar en centros privados a los alumnos cuyas familias optaran por la enseñanza en castellano. Estima el Alto Tribunal que el Gobierno se arrogó esa competencia de manera indebida.

La sentencia es importante porque su literalidad cierra el paso legal a la pretensión de establecer de facto una doble red escolar en Cataluña. Es, también, oportuna, al coincidir con el debate lanzado por el Gobierno, de forma torpe y confusa, acerca de si intervenir, vía las competencias adquiridas en el marco del artículo 155, en la modificación del peso relativo de castellano y catalán en el sistema educativo.

La sentencia es el mejor aviso para el Gobierno de que en esta materia, extraordinariamente sensible, huelgan las chapuzas y las precipitaciones, máxime si vienen dictadas por la inquietud que ha generado el auge de Ciudadanos en las encuestas y el consiguiente deseo de los populares de no dejarse arrebatar el papel de mejor ariete contra el secesionismo.

Ni el catalán ni los catalanes deben ser víctimas de esos forcejeos que confrontan lenguas e identidad. Ni de los que buscan auparse en el nacionalismo español para lograr réditos electorales ni de los que en los últimos tiempos han intentado poner la lengua catalana al servicio de un proyecto político tan divisivo y excluyente como el independentismo.

Las lenguas cooficiales son de toda España y corresponde al Gobierno protegerlas y difundirlas 

El debate debe partir del extremo contrario: de la necesidad de poner el catalán a salvo de unos y otros y reivindicarlo como una lengua de todos, dentro y fuera de Cataluña. Es lo lógico y sensato. La jurisprudencia del TC reafirma el artículo 3 de la Constitución por el que el catalán (y las demás lenguas cooficiales) merece especial protección y promoción y forma parte del patrimonio común. El catalán es también lengua de toda España y por eso corresponde a los poderes públicos, empezando por el Gobierno de la nación, protegerlo y difundirlo.

Su expansión en 40 años ha sido muy exitosa. Lo entiende el 95% y lo usa más del 80% de la población, lo que ha evitado el peligro, real al comienzo de la Transición, de su residualización. Su éxito es el de la democracia española y del sistema de autogobierno del que nos dotamos en 1978, que establece y celebra la pluralidad como un patrimonio de todos. Su vitalidad está pues en el respaldo que todos le han otorgado. Por tanto, al contrario de lo que sostienen los independentistas, no es una lengua huérfana ni sin Estado. Su pujanza procede del empeño de sus usuarios y del reconocimiento e impulso del Estado. Si acaso, cabría proyectar más su visibilidad y conocimiento —asimismo de las otras lenguas del Estado— en el sistema educativo y las instituciones, de tal manera que se normalizara su conocimiento y uso también fuera de Cataluña.

La escuela catalana ha contribuido a ese empuje del idioma. El modelo de línea escolar única arroja resultados pedagógicos muy razonables: la capacitación en las dos lenguas oficiales al final del ciclo escolar. Y sociales, al evitar una segregación que discriminaría para el empleo entre catalanes de origen bilingüe contra catalanes de adscripción reciente, monolingües en castellano. Esos éxitos cosechados en cuatro décadas no deben inducir complacencias paralizantes. Son mejorables: el modelo debe aspirar a superar la media, a mejorar en contenidos entre unas y otras zonas. Pero debe hacerse con criterios técnicos, no políticos.

Castellano y catalán han convivido con naturalidad hasta ahora enriqueciendo a la sociedad

El TC ha validado que el catalán sea el “centro de gravedad” del sistema escolar, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que su uso vehicular debe convertirlo en el “normalmente” empleado. Pero también ha confirmado el carácter vehicular complementario del castellano y objetado la pretensión de la Generalitat de que ese objetivo se logre reduciendo este a una única asignatura. La doctrina constitucional está, por tanto, asentada, y obliga a una convivencia de las dos lenguas en el sistema educativo que la Generalitat no puede, como ha hecho hasta ahora, ignorar.

El peso relativo de ambos debe decidirse —como ya hacen muchos centros escolares— aplicando con inteligencia las orientaciones de las sentencias judiciales, que establecen una proporción indicativa de en torno al 25% para el castellano. Y con flexibilidad: consejos escolares y comunidad educativa debieran modularlo según las necesidades concretas de cada población y cada barrio. En zonas de preponderancia lingüística castellana, afírmese más el catalán. En las de prevalencia catalana, dótese a los escolares de mejor instrumental castellano. Sin sectarismos y sin partidismos.

El bilingüismo de la sociedad catalana es una riqueza, y debe ser motivo de orgullo para todos, dentro y fuera de Cataluña, no de fractura. Castellano y catalán han convivido con naturalidad hasta ahora enriqueciendo a la sociedad. Deben seguir haciéndolo.