Doble sobreactuación

El Congreso de los Diputados aprobó el martes una resolución de apoyo al modelo lingüístico catalán. La votación parlamentaria tuvo lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictara un auto urgiendo a la Generalitat para que adoptase las medidas legislativas necesarias a fin de que el castellano sea lengua vehicular al mismo nivel que el catalán. Partidos como el Popular y UPyD han considerado que la resolución parlamentaria es un desafío al Poder Judicial. Los nacionalistas entienden que es el Tribunal Superior catalán quien podría estar interfiriendo en las competencias del Ejecutivo.

La resolución del Congreso no exime a la Generalitat de respetar las decisiones de la justicia. Su valor es estrictamente político, y viene a recordar que el modelo lingüístico catalán no es patrimonio de los partidos nacionalistas. Entre las fuerzas de ámbito estatal, también las hay que están a favor de mantenerlo sin dejar de atender por ello la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Su posición está quedando desdibujada por la sobreactuación de los nacionalistas, que consideran cualquier corrección del sistema como una agresión intolerable, y por la de los populares y UPyD, para quienes la sentencia exige poco menos que desmantelar la política seguida desde 1983. Ni una cosa ni otra son ciertas, por más que constituyan un fiel reflejo del derrotero por el que se están tratando de conducir las relaciones institucionales y políticas entre Cataluña y el resto de España.

Las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el sentido de que la sentencia del Estatuto y la reciente reforma constitucional han puesto fin al consenso de la transición no son solo una exageración; son, además, un innecesario desprecio hacia muchos ciudadanos que, sin ser catalanes, consideraron un gravísimo error la totalidad del procedimiento seguido en la elaboración del Estatuto, incluida la sentencia, y que ahora mantienen esa misma opinión con respecto a la reforma constitucional. La frivolidad con la que se están manoseando en los últimos tiempos instituciones fundamentales de la convivencia política no se dirige contra Cataluña, como da a entender el presidente Mas, sino contra todos los ciudadanos que, en Cataluña o fuera de ella, desean el respeto escrupuloso de las reglas del juego democrático. Porque así le conviene a su programa, Mas solo aspira a convertirse en portavoz de una parte de ellos contra el resto.