Límites del Estado de derecho

Para un país democrático, acatar los marcos jurídicos internacionales que ha suscrito no puede ser jamás mala noticia ni motivo de cuestionamiento, sino una oportunidad para constatar la naturaleza garantista de los derechos y libertades de sus ciudadanos.

La condena del Tribunal de Estrasburgo a España por el “trato inhumano y degradante” a Portu y Sarasola, etarras encarcelados por el atentado contra la T-4, subraya los límites de un Estado de derecho a la hora de perseguir el crimen por más aberrante que sea. Y recuerda sus obligaciones a las fuerzas de seguridad y a los tribunales de justicia, que son los que han logrado, con su eficacia, y no sin grandes sacrificios, derrotar al terrorismo.

España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que prohíbe tratos o penas inhumanos o degradantes, cuando Portu y Sarasola fueron detenidos por la Guardia Civil. Había transcurrido poco más de un año del atentado contra la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid, que mató a dos ecuatorianos y puso fin por sorpresa a la tregua de ETA durante la cual el Gobierno de Zapatero negoció con la banda terrorista. Fue un capítulo traumático de la guerra por el fin de ETA, pero su dimensión no justifica el comportamiento policial. Igor Portu sufría colapso pulmonar, neumotórax, hematomas por todo el cuerpo y dos costillas rotas horas después de ser detenido y requirió cuidados en la UCI y casi un mes de curación. Mattin Sarasola también recibió múltiples golpes.

El Tribunal ha considerado que no fueron torturas, pero sí un trato inhumano, por lo que condena a España a indemnizarles con 50.000 euros. El dinero nunca será abonado, pues será descontado de la deuda que tienen con el Estado. Ambos cumplen 1.040 años de condena por aquel atentado, una situación judicial que la sentencia no modifica.