Cinco años y medio de cárcel para un vecino de Cáceres, la mayor condena por maltrato animal en España

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres ha condenado a un vecino de Ceclavín, un pueblo de apenas 1.900 habitantes de esta provincia extremeña, a cinco años y medio de cárcel como autor de diez delitos de maltrato animal, uno por cada espécimen afectado. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es firme y es la mayor por este tipo de crímenes en la historia de España. El condenado tenía una parcela en este municipio en la que custodiaba hasta verano de 2016 a diez ejemplares de asnos y caballos en "condiciones higiénicas insalubres", sin alimento en los comederos y con poca agua en los abrevaderos, según el fallo, que también recoge que estaban "esqueléticos" y sufrían "grandes heridas", algunas abiertas y otras inflamadas, y que no habían recibido asistencia veterinaria.

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"Es el primer caso [de maltrato animal] en España que seguramente conllevará una entrada en prisión porque las penas de cárcel son de cinco años y medio", explica por teléfono a este diario Mariano Mariño, abogado junto a Raquel López de la acusación particular, ejercida por el Refugio del burrito, una organización británica sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 45 años por la protección del asno en el mundo. En realidad, la primera persona en ingresar en prisión por maltratar animales fue Eugenio Sánchez, que en octubre de 2015 pasó 15 días entre rejas por matar a palos a su caballo tras los malos resultados que obtuvo en una competición en 2012. La sentencia del vecino de Ceclavín es firme —se ha pasado el plazo para recurrir—, pero el abogado del acusado ha pedido la suspensión de la pena o, en su defecto, el cambio de la condena por trabajos a la comunidad.

El juez especifica en la sentencia, del pasado 5 de diciembre pero dada a conocer este viernes, que el condenado mantenía a los equinos "sin tener a ninguno dado de alta y, en su mayor parte, sin chip identificativo", además de carecer de instalaciones para su cuidado. El fallo, en fin, responsabiliza al condenado de siete delitos de maltrato animal y de otros tres de maltrato animal agravado. Por los primeros le impone una pena de seis meses de cárcel por cada uno de ellos; por los tres agravados, ocho meses por cada uno. También deberá pagar 7.500 euros en concepto de indemnización al Refugio del burrito, que se encargó en el verano de 2016 de rescatar a los animales, de trasladarlos a una parcela del municipio extremeño de Portaje, de vacunarlos y de alimentarlos. Aunque siete de los animales maltratados han sobrevivido, otros tres tuvieron que ser sacrificados debido al estado de desnutrición que sufrían. Sin embargo, la defensa ha pedido un auto de insolvencia para no pagar el dinero a esta asociación.

"Lo interesante de la sentencia es que tratan a cada animal como delito de maltrato independiente, cuando hasta ahora consideraban que en estos casos había un maltrato único. Es lo normal lo que ha pasado en este caso, porque si se comete un asesinato sobre diez personas se juzgaría al acusado por diez asesinatos", explica Mariano Mariño. Según datos del Refugio del Burrito, es la segunda sentencia en España en la que se le imputan al acusado delitos por cada uno de los animales muertos o maltratados, explica Verónica Sánchez, directora en España de esta asociación. El primer caso fue el de un hombre detenido en Valencia en julio de 2016 por arrojar un líquido corrosivo a una camada de gatos.

En los demás casos, sin embargo, el maltrato animal fue tratado como un todo. Uno de los juicios más mediáticos fue al que se enfrentó Carmen Marín, expresidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos, en Málaga, que fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por el sacrificio “masivo” e “indiscriminado” de perros y gatos en este albergue por los delitos de maltrato animal doméstico y falsedad en documento oficial, además de por intrusismo profesional. En total, Marín acabó con la vida de 2.183 perros y gatos.

La investigación contra el condenado comenzó con dos inspecciones del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en verano de 2016. En ellas se halló el cadáver en estado de descomposición de un caballo y un mulo suelto en el camino de la Trocha del río, junto a la parcela del acusado. También se observaron restos de otros cuatro ejemplares. El Juzgado de Cáceres retiró entonces cautelarmente el derecho del acusado sobre los animales ante la falta de adopción de medidas para solventar la situación. 18 equinos fueron entregados en depósito a El Refugio del burrito y Wiston, una asociación que ayuda a los caballos maltratados.

Además, otros dos de los animales que vivían en la parcela de Ceclavín no lograron sobrevivir: un caballo murió 24 horas antes del traslado y una yegua preñada con fractura de radio tuvo que ser sacrificada. Tras un examen veterinario y recibir asistencia y medicación, se descubrió que diez de los animales sufrían lesiones que comprometían gravemente su salud por la falta de cuidado del condenado.