Esperpento catalán

El empeño independentista de investir presidente de Cataluña a Carles Puigdemont aunque sea telemáticamente es una grotesca huida hacia adelante. Ante la ausencia de propuestas constructivas para gobernar Cataluña, Puigdemont y sus seguidores optan por elevar la tensión en la probablemente errónea percepción de que el mundo clamará escandalizado contra el opresor Estado español, capaz de impedir a un presidente autonómico elegido democráticamente pisar su propio territorio salvo que sea encerrado entre rejas.

Por más que se agudice el ingenio, como reclama ERC, o se retuerzan los reglamentos parlamentarios, como defiende Junts per Catalunya, la investidura por delegación o telemática de Puigdemont es contraria tanto a la ley como al más elemental sentido común. Su consecución sería, sobre todo, un descrédito no para el Estado que intentara impedirlo, sino para esos políticos dispuestos a convertir Cataluña en un enorme circo. Resultaría divertido si no fuera por la gravedad de todo lo que está en juego.

El expresidente Puigdemont se ha convertido en el peor enemigo para el futuro de Cataluña. Ensoberbecido por el resultado obtenido el 21 de diciembre —aunque no logró ser la lista más votada—, su exigencia de revalidar su cargo sin volver a España solo tiene una virtud: la de dividir al independentismo radical y enfrentarle a sus contradicciones. De nada valdrían los argumentos de Oriol Junqueras para salir de la cárcel y poder ejercer su labor en el Parlamento si el también diputado y presidente del Govern pudiera, al mismo tiempo, ejercer sus funciones sin su presencia física en las instituciones. Puigdemont no parece consciente de la distancia que ha establecido entre su realidad y la de aquellos que, embarcados en su misma aventura secesionista, han afrontado el peso de la ley. Las negativas más sonoras a prestarse a su juego han sido hasta el momento las de Carme Forcadell y Carles Mundó.

Cataluña necesita desembarazarse cuanto antes de Puigdemont y sus estrambóticas propuestas. Los votos no pueden garantizarle ni a él ni a ningún político la impunidad ante la ley, que ha violado de forma consciente y pretende seguir violando. El 21 de diciembre hubo un resultado que permite a los partidos independentistas formar Gobierno y tienen el derecho legítimo de intentarlo. Pero, obviamente, han de hacerlo con escrupuloso respeto a la ley. Es asombroso tener que recordar este principio elemental a quienes pretenden gobernar un país democrático.

Ayer, en un nuevo intento de salir de la cárcel, tres de los dirigentes presos enfatizaron su abandono de la vía unilateral y su promesa de hacer política por los cauces legales. Son proyectos que contrastan vivamente con las fantasías de Puigdemont de convertirse en el primer presidente virtual de la historia del parlamentarismo occidental. ERC ha prometido que habrá pronto Gobierno en Cataluña. Será, con toda lógica, independentista. Ir a otras elecciones es un riesgo que el bloque no se puede permitir. Su primera labor debiera ser restituir el autogobierno y ofrecer un mínimo de estabilidad a Cataluña frente a tanta ambición tramposa y esperpéntica. Su economía, su democracia y su imagen están en juego.